Reclaman mantener Estudio de Impacto Económico a proponentes de proyectos de gran escala

Sobre una docena de organizaciones empresariales del país, entre estos el Centro Unido de Detallistas (CUD), AARP, Asociación de Industriales del Hielo, Asociación de Farmacias de la Comunidad, Asociación de Industriales del Pan, Asociación de Detallistas de Gasolina, Asociación de Comerciantes WIC, Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración y Asociación de Librerías Escolares, exigieron a la Asamblea Legislativa la aprobación del Proyecto de la Cámara 545, incluyendo el llevar a cabo un estudio de impacto económico aplicable a proyectos de comercios al detal a gran escala.

La medida contó con el aval de entidades del gobierno, tales como la Junta de Planificación, el Departamento de Justicia, PRIDCO, Departamento del Trabajo, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el Procurador del Pequeño Comercio, entre otros. De igual forma, el proyectó contó con un Informe de la Comisión de Cooperativismo y Pequeñas y Medianas Empresas del Senado, recomendando la aprobación de la medida con el Estudio de Impacto. No obstante, de forma inexplicable, el proyecto sufrió una enmienda en el “floor” de dicho Cuerpo, donde se eliminó en su totalidad el Estudio de Impacto. Esto, en un acto de omisión total a la voluntad y postura de las entidades participantes del proceso legislativo, así como tampoco sin fundamentos para tal acción.

“Sabemos que la eliminación de dicho requisito en el 2009 mediante los cambios a la Ley de Permisos tuvo el efecto de propiciar una proliferación desorganizada y desmedida de tiendas en cadena, y otros grandes comercios, lo que ha tenido un efecto nefasto en la estabilidad de miles empresas locales, en especial en el renglón PYMes”, advirtió Enid Monge, presidenta del Centro Unido de Detallistas.

Por su parte, Ángel Vázquez, presidente de la Asociación de Industriales del Hielo, dijo que “es importante aprender de las lecciones del pasado. Hace 10 años, antes de que la Administración anterior centralizara la obtención de permisos, había mecanismos procesales que integraban una evaluación ponderada de los efectos, positivos o negativos del proyecto propuesto a todos los niveles económicos y de desarrollo. Hoy día experimentamos una ‘canibalización’ comercial donde el sector productivo del país se está viendo adversamente impactado. De hecho, la eliminación del Estudio de Impacto Económico de la Ley en el 2009, ha sido uno de los factores en el cierre de masivo de comercios nativos, que generan empleos y reinvierten su capital en la Isla”.

La Ley 545 contempla devolver a la Ley de Permisos el requisito de llevar a cabo un Estudio de Impacto Económico Regional, para todo proponente de proyectos de ventas al detal de gran escala, de 80,000 pies cuadrados y que destinen 15,000 pies cuadrados para la venta de mercancía.

Este requisito es uno de los aspectos más importantes de la pieza legislativa, dijo Monge.

“La reintegración del estudio de impacto económico a la ley es fundamental para este proyecto porque atiende el asunto de cómo armonizan las propuestas con el plan de uso de terrenos y cómo se beneficia el pueblo de Puerto Rico. De igual forma, cómo lo propuesto abona al desarrollo económico del país. Desde la perspectiva del CUD apoyamos la reintegración del Estudio de Impacto a la Ley de Permisos y solicitamos se defina “comercio con mercancía mixta” para propósitos de la ley. A estos efectos estaremos sometiendo unas recomendaciones al Comité de Conferencia”, manifestó Monge.

Los líderes empresariales expresaron que actualmente existen múltiples estados de la nación norteamericana que tienen integrado en su proceso de permiso la conducción de un estudio de impacto económico. Más aún, existen estados con regulación más restrictiva que limita los pies cuadrados máximos que puede tener una construcción al detal de gran escala. Tanto el estudio de impacto como la restricción de pies cuadrados, mejor conocida como “Big Box”, han pasado el crisol legal a nivel de Estados Unidos.

“Una planificación urbana responsable debe velar por los usos que ya se concedieron y los usos futuros, para así lograr una armonía entre estos. Es decir, tú no puedes arruinar lo que ya está operando con lo nuevo, porque el progreso, destruyendo lo que ya existe, no es progreso”, aseguró Néstor Rivera, Presidente de Industriales del Pan.

Por su parte, Ricardo Román, de la Asociación de Detallistas de Gasolina, dijo que “el requisito del estudio de impacto económico le devolverá al gobierno las herramientas necesarias para crear un ambiente de desarrollo comercial más saludable, donde las empresas que han de establecerse no lo hagan en detrimento de las que ya están”.