Violencia de pandillas y el crimen organizado obliga a centroamericanos a emigrar de sus países

Ciudad de México – La violencia de pandillas y el crimen organizado ha desplazado a los conflictos bélicos y políticos como la principal causa por la cual los centroamericanos buscan refugio en otros países.

“[Desde 2009] empezamos a detectar una tendencia creciente en el número de personas del triángulo norte de Centroamérica que solicitaban la condición de refugiado en México, Canadá y Estados Unidos”, dijo Fernando Protti, representante regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para América Central, Cuba y México.

En 2012, el mayor número de solicitudes de refugio en la región provino de salvadoreños (1,620), guatemaltecos (1,320) y hondureños (765), según ACNUR.

“Muchos [emigran] porque son perseguidos por las pandillas, no quieren hacer negocios con las pandillas, no quieren ser explotados por estos grupos”, comentó Protti. “En el caso de las niñas o jóvenes, no quieren ser la novia del líder pandillero”.

Del total de 3,705 solicitudes provenientes del triángulo norte de Centroamérica el 2012, la mayoría fue a Estados Unidos (65%), Canadá (17%), Costa Rica (6%) y México (5%).

“Hay una relación matemática entre el incremento de la violencia y de la tasa de homicidios en esos países con el aumento de la gente que solicita la condición de refugiado”, agregó Protti.

En Centroamérica, la tasa de homicidios es de 41 por cada 100,000 habitantes, según la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD).

Honduras presenta la tasa más elevada, con 85.5 por cada 100,000 habitantes. El Salvador registra 69.2 y Guatemala, 38.5.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una tasa de cinco homicidios por cada 100,000 habitantes es “normal”. Nueve homicidios se considera “elevada” y por encima de 10 es “epidémica”..

Entre 2010 y 2012, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) del estado de Puebla encuestó a 1,000 mujeres procedentes de El Salvador, Honduras y Guatemala que pasaron por casas de albergue para migrantes, determinando que el 70% huyó de sus países por la violencia.

“[Muchas] mujeres migran con sus hijos varones de entre 10 y 12 años – sobre todo de Honduras y El Salvador – porque [temen] que serán reclutados por las maras (pandillas)”, dijo Irazú Gómez Vargas, responsable del programa de asuntos migratorios del IDHIE. “También detectamos casos de mujeres jóvenes que están siendo acosadas por mareros y [cuyos padres] deciden sacarlas del país para que no caigan en estas redes”.

Según la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador, en el primer semestre de 2013 se denunciaron 1,409 extorsiones, 83% de ellas de pandillas.

México tiene un flujo migratorio anual – entre migrantes que están de paso por el país en su camino hacia Estados Unidos y los que deciden asentarse en territorio mexicano – de entre 150,000 y 300,000 personas, según ACNUR.

De las 6,926 solicitudes de refugio que el gobierno mexicano recibió entre 2002 y 2013, casi el 50% proviene de centroamericanos.

De ese total, sólo 1,616 recibieron asilo oficial. Otras 84 acogieron protección complementaria, es decir, no serán devueltos a su país mientras su vida se vea amenazada.

Según la CNDH, en 2012 se registraron 11,000 secuestros de migrantes por el crimen organizado en México.

Secuestros, extorsiones, robos, cuotas para dejarlos subir al tren y prostitución forzada son otros delitos que sufren los migrantes, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Sin embargo, hay avances en materia de protección a migrantes, según Fernando Batista, quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Un avance es la Ley de Migración de enero de 2013, que contempla la regularización de las visas humanitarias cuando la vida de los migrantes está en riesgo. También determina la no criminalización de indocumentados y asesoría legal.

Migrantes

Pedro Acosta, de 22 años y originario de Yoro, a 320 km al norte de Tegucigalpa, en Honduras, llegó a México a mediados de 2012.

Dos de sus hermanos fueron asesinados por mareros porque se resistieron a ser extorsionados. Atemorizada, su familia se fue a Tegucigalpa en abril de 2012, pero Acosta decidió abandonar su país.

La extorsión afecta a todos los niveles del comercio en Honduras. Un vendedor de dulces en un parque tiene que pagar $100 lempiras (US$4.89) semanales a las pandillas; los dueños de almacenes, $5,000 lempiras (US$244); los puestos de comida y los conductores de autobuses, $2,000 lempiras (US$97), según Acosta.

“Los maras van con pistola a cobrar directamente y si no pagan les pegan un plomazo, la gente se va quedando sin empleo y andan por las calles robando para alimentar a sus familias a como dé lugar”, dijo. “Yo no le veía el caso quedarme en Honduras porque adonde vayas están las maras cobrando el impuesto de guerra a cualquiera que trabaje decentemente”.

Acosta hizo su camino hasta llegar al estado mexicano de Tabasco. Allí intentó abordar el tren rumbo al norte junto a decenas de migrantes, pero al no sujetarse bien de las barras del vagón cayó entre las vías y las ruedas le amputaron la pierna derecha.

México le entregó a Acosta una visa humanitaria en mayo pasado que le permite trabajar y estudiar en el país.

No accedió a la condición de refugiado pues eso le impediría regresar a su país de origen y ver a su familia.