Los agentes se exponen a ser demandados por encasillamiento racial o incumplimiento de la ley, dependiendo del tiempo que mantengan detenidos a las personas que el gobierno federal no deporte.
El fallo de la Corte Suprema sobre la ley de inmigración de Arizona estaría trayendo más interrogantes que respuestas a la policía de Arizona.
La Corte avaló el estatuto conocido como “muéstrame tus papeles” que obliga a comprobar el estatus migratorio de los detenidos por otros delitos que sean sospechosos de estar en situación irregular, pero el mismo no entrará en vigencia sino hasta el 20 de julio, como fecha más cercana.
Los detractores tienen previsto solicitar en los próximos días a un juez que mantenga suspendida la entrada en vigencia de ese punto porque, arguyen, afectará a personas por su apariencia.
El gobierno de Obama impugnó la ley de Arizona, pero no en el aspecto de que tendrá secuelas raciales, sino en el de si la ley federal de inmigración debía prevalecer sobre la de Arizona.
El Departamento de Seguridad Nacional notificó el lunes a los departamentos locales y estatales de la policía de Arizona que rescindiría parte de los acuerdos existentes que los facultaba para trabajar como policías del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
Ahora las consultas tendrán que hacerse con Washington.
Como está la ley actualmente, una vez que la policía estatal pide papeles y solicita al gobierno federal que los corrobore, depende del gobierno federal para que el detenido, en caso de tratarse de una persona ilegalmente en el país, sea deportado.
La política de la administración Obama es de solo deportar a delincuentes peligrosos, reincidentes, o aquellos que acaban de cruzar la frontera, aunque se cuestiona cómo el gobierno federal puede determinar si el sujeto es un criminal o no, a menos que éste sea sorprendido en el acto de cometer un delito. Así que las autoridades estatales se enfrentan a la pregunta de cuánto tiempo mantener detenido a una persona si está en el país de forma ilegal y el gobierno federal a la pregunta de si está liberando criminales en las calles.
En el procedimiento, los agentes se enfrentan, por un lado a ser demandados por etiquetamiento racial, aunque el alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, demandado por el Departamento de Justicia por alegadamente encasillar racialmente a los hispanos, asegura que él seguirá haciendo su trabajo de la misma forma.
Por otra parte, si ponen en libertad a un detenido demasiado pronto, también pueden ser demandados por los ciudadanos de Arizona por no cumplir la ley de inmigración.
“Nos van a demandar si lo hacemos y nos van a demandar si no lo hacemos. Esa es una posición terrible para un policía”, dijo el alguacil del condado de Pima, Clarence Dupnik, cuyo territorio abarca gran parte del sur de Arizona, fronterizo con México.
Dupnik ha luchado desde hace mucho tiempo contra el requerimiento estatal que obliga a la Policía local a preguntarle su estatus de residencia a cualquier persona sospechosa de estar ilegalmente en Estados Unidos.
You must be logged in to post a comment Login