El superintendente de la Policía está evaluando los arreglos que conlleva ampliar este pacto
Por Antonio R. Gómez / [email protected]
La posibilidad de extender a toda la Isla los acuerdos que mantienen para varias regiones las autoridades de seguridad locales y federales para atender delitos de narcotráfico y aquellos que envuelvan uso de armas y violencia, fue uno de los temas principales discutidos este viernes en la reunión que sostuvieron el gobernador, Alejandro García Padilla, y oficiales de agencias estatales con el grupo de agencias federales de seguridad activos en la Isla.
Según el superintendente de la Policía, José Caldero, se está evaluando el costo y demás arreglos que conlleva ampliar este acuerdo que al presente solo cubre partes del País.
“Estamos haciendo unas investigaciones de los casos que estamos trabajando, especialmente en los casos de armas, con el acuerdo que tenemos con las autoridades federales. Lo vamos a estar analizando, los costos y todo, para seguirlo ampliando”, expresó Caldero.
Las regiones cubiertas por estos acuerdos son San Juan, Carolina, Bayamón, Caguas y Ponce, que fueron incluidas bajo la pasada administración de Luis Fortuño; y Guayama y Fajardo, que se agregaron bajo la presente administración.
Este acuerdo permite que las autoridades federales tengan jurisdicción primaria en ciertos casos de violación a la de Ley de Sustancias Controladas, tales como posesión, transportación e incautación de drogas a través de los puertos de entrada a la Isla, por aire o mar, o si se establece alguna conexión con traficantes de droga internacionales.
También tienen jurisdicción primaria en casos de robo de autos a mano armada (“carjacking”) y casos en que se produzca una muerte, un secuestro, uso de armas automáticas o donde las víctimas sean menores, durante un robo.
Caldero afirmó que este acuerdo está dando buenos resultados en la lucha contra el crimen violento en el País.
“El año pasado los federales radicaron más de 500 casos de armas y casi vamos cerca de 300 este año. O sea que las convicciones de esas personas nos ayudan y, porque no salen bajo fianza, si nosotros tenemos contra ellos otro tipo de investigación, particularmente de asesinato, nos da la oportunidad a nosotros de adelantarla", expresó.
El superintendente informó, a preguntas de periodistas, que el tema del allanamiento de la residencia del alcalde de Humacao no se discutió en la reunión, que calificó como una ordinaria de trabajo.
“Esta es una reunión de trabajo. Estaban todos los componentes de las agencias federales y estatales. Estas son reuniones ordinarias que se llevan cabo periódicamente y hoy quedamos en que se van a celebrar cada dos meses”, señaló el jefe de la Policía.
Además del tema del acuerdo para los llamados “strike forces”, indicó que en la junta se discutieron aspectos del funcionamiento de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA), de cómo está trabajando, y “acordamos que vamos todos a seguir trabajando como un solo equipo de trabajo".
Estuvieron presentes en la reunión con el gobernador, Rosa Emilia Rodríguez, fiscal federal; José Capó, fiscal federal para crímenes violentos; José Ruiz, fiscal federal de la división criminal; Ángel M. Meléndez, director de ICE (US Inmigration Customs Enforcement); José Baquero, director de la TSA (Transportation Security Administration); Ramiro Cerrillo, jefe destacamento de la patrulla fronteriza; Johny Morales, director de aire y marina de la patrulla fronteriza; Marcelino Borges, director de dicho cuerpo; Vito Guarino, director de la DEA en Puerto Rico; Carlos Cases, director del FBI en Puerto Rico; José B. Capó Rivera, fiscal general de Puerto Rico; Robert W. Warren, director de la Guardia Costanera; Rafael Ortíz Carrión, subsecretario de Justicia; Mayra Huergo, subsecretaria asociada de Justicia; José Caldero, superintendente de la Policía; Ingrid Vilá, secretaria de la Gobernación; María Teresa Rivera, ayudante en seguridad pública del gobernador; y Emiliano Trigo, asesor asuntos federales.
