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Regionalización vs municipalización

Los políticos del país a veces subestiman la crisis fiscal que existe en los municipios. Con la mitad de los municipios con déficit, $3,800 millones en deuda y dependencia hacía las transferencias estatales y federales, los gobiernos municipales operan únicamente para mantenerse a flote.

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Aunque es cierto que el estado ha ido delegando a los municipios ciertas funciones y tareas – como es el mantenimiento de las escuelas o las carreteras estatales – el verdadero poder fiscal todavía lo tiene el estado.

Sabemos todos que el gobierno central no funciona. Como bien dijo el ex-gobernador Rafael Hernández Colón, “el gobierno se ha hecho ingobernable”. De igual forma, el programa de gobierno del ex-gobernador Luis Fortuño Burset indicó que “la extrema centralización de función gubernamentales, el manejo inadecuado de recursos fiscales y humanos y el crecimiento descontrolado de nuestro gobierno, lo han convertido en una estructura burocrática rígida, ineficiente y obsoleta, incapaz de atender ágil y efectivamente las aspiraciones de nuestro pueblo”. Por lo menos hasta ahí es que estamos todos de acuerdo. Administración tras administración ha prometido consolidar agencias, buscar nuevas formas de gobernar y descentralizar al monstruo de la burocracia. Sin embargo, nos quedamos en el inmovilismo.

De particular interés son las numerosas propuestas que surgen periódicamente sobre la regionalización y la municipalización de los servicios gubernamentales. Aunque hayan muchos políticos y analistas que utilizan los dos términos a veces de manera sinónima, son dos conceptos completamente diferentes, y en muchas formas, contradictorias.

Por una parte está la regionalización, la cual incluye la creación de una nueva capa de gobierno, al cual el gobierno central delega competencias para el bienestar de los ciudadanos de la región. La propuesta casi siempre involucra un tipo de consorcio, compuesto por los alcaldes de los municipios de la región, cuales en conjunto administraría los nuevos poderes. A veces la propuesta incluye la consolidación de municipios o condados estilo “county” estadounidense, o hasta la eliminación de municipios.

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Por otro lado, está la municipalización, la cual incluye la transferencia de poderes del gobierno central a los gobiernos locales ya existentes. En el 1991 se aprobó la Ley de Municipios Autónomos con el fin de descentralizar las funciones y responsabilidades del estado mediante la municipalización. Esto, por lo menos en teoría, ha sido la política pública del gobierno durante los últimos 25 años. Sin embargo, la autonomía municipal sigue siendo un sueño ya que solo ocho de los 78 municipios han podido alcanzar la autonomía máxima que permite la Ley. Las promesas para descentralizar el gobierno han sido aguaje.

La realidad en la política pública es otra. Excluyendo los arbitrios de construcción, patentes, impuestos sobre la propiedad, el resto de la recaudación va directamente al gobierno central. Inclusive, con la reforma del IVU este pasado año, el estado ha continuado el patrón de quitar de los gobiernos locales fuentes de recaudo. Ahora con las propuestas para eliminar el IVU, estamos más que nunca al borde de la implosión fiscal de los municipios. Inclusive, en la mayoría de los casos no se asignan fondos permanentes para la realización de dichas funciones, lo cual debilita aún más los presupuestos municipales.

Los políticos del país a veces subestiman la crisis fiscal que existe en los municipios. Con la mitad de los municipios con déficit, $3,800 millones en deuda y dependencia hacía las transferencias estatales y federales, los gobiernos municipales operan únicamente para mantenerse a flote. No logran maximizar sus funciones ni los servicios del ayuntamiento, ya que se consume la gran mayoría del presupuesto en nómina, recogido de basura, y uno que otro donativo. La estructura municipal del país como está diseñada ahora, representa una pérdida multimillonaria al pueblo con poco beneficio directo. Dicho modelo, tarde o temprano va a dejar de funcionar.

La regionalización no solucionaría nuestros problemas. Actualmente los centros comerciales y suburbios despatarrados de los municipios “grandes” chupan la vida económica y demográfica de los pueblos pequeños. Ahora serán polos políticos, ejerciendo e imponiendo su influencia y debilitando la democracia local. Ya el 44% de las 128 agencias estatales operan bajo algún modelo de regionalización, realidad que nos causa frustración cada vez que nos envían de una oficina para otra, o cuando nos tenemos que mover para la oficina regional a dos o tres municipios para hacer nuestras gestiones. Junto a eso, ya el extensivo Artículo 2.004 de la Ley de Municipios Autónomos permite que los municipios creen consorcios para realizar las funciones que así desean. No hace falta que el estado venga y nos imponga otra capa burocrática adicional.

Debemos ir más allá de la contratación de municipios para la limpieza de escuelas y calles (muchas de las veces, a la fracción del costo real). Hay que descentralizar de manera fija y permanente una porción significante del recaudo, personal, estructuras y competencias del estado. Interesantemente, no hace falta ninguna ley nueva. El Capítulo XIV de la Ley de Municipios Autónomos permite para que el estado transfiera a los municipios las competencias y fondos que desee, en teoría, sin límites. Corresponde a los alcaldes exigir dicha descentralización y no callarse la boca con miedo de que el estado deje de enviar “tocineta”. No son necesarias las asignaciones especiales o migajas. Necesitamos un cambio estructural y una descentralización del poder de forma inmediata.

Luis Gallardo candidato a representante por el Precinto 5 de San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas por el Partido Popular Democrático (PPD) en el Municipio de Aguas Buenas, tiene una maestría en administración pública con concentración en gerencia de ciudades y un Juris Doctor. Es profesor de administración pública en la Universidad de Phoenix y ha laborado como director de agencias municipales en Puerto Rico y Estados Unidos.

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