Quantcast

Católicos proponen demandar al gobierno por el matrimonio

La Alianza Católica Puertorriqueña por la Vida y por la Patria propone se radique una demanda para obligar al secretario del Departamento de Justicia cumpla con su deber ministerial de defender la validez y cumplimiento de las leyes de Puerto Rico.

20130604-misa-catolicos

La Alianza Católica Puertorriqueña por la Vida y por la Patria expresó su sentir en contra de la nueva postura del gobierno de reconocer como matrimonios, las uniones entre personas del mismo sexo.

La Alianza Católica Puertorriqueña por la Vida y por la Patria reaccionó hoy martes, al cambio de postura sobre el matrimonio anunciado por el secretario del Departamento de Justicia, César Miranda la semana pasada.

La Alianza reclama que el gobierno cumpla con su deber ministerial de defender y hacer cumplir las leyes de Puerto Rico, incluido el Artículo 68 del Código Civil que establece que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer.

Justicia radicó un alegato en el que de allanaba en la demanda que llevan contra el gobierno Ada Conde e Ivonne Álvarez para que se reconozca en Puerto Rico su matrimonio, contraído en Massachusetts, donde es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo.

A continuación la comunicación de la Alianza Católica Puertorriqueña por la Vida y por la Patria en su totalidad:

Expresamos nuestro rechazo a la nueva postura del gobierno de Puerto Rico sobre las uniones entre personas del mismo sexo. Está claro que dicha postura es contraria a las enseñanzas de la Iglesia Católica y a los principios de la inmensa mayoría de los puertorriqueños.

Además, lamentamos y nos preocupan las expresiones públicas del Gobernador en las que desliga sus creencias religiosas de sus decisiones como político para justificar su posición a favor del reconocimiento legal de las uniones entre personas del mismo sexo. En coyunturas como esta, en las que se toman decisiones en el ámbito político que afectan la fibra moral de un pueblo, es necesario que los políticos católicos recuerden y apliquen las enseñanzas de la Iglesia sobre su conducta en la vida política. La Iglesia les dice que “la enseñanza social de la Iglesia… plantea ciertamente, en la conciencia única y unitaria de los fieles laicos, un deber moral de coherencia. «En su existencia no puede haber dos vidas paralelas: por una parte, la denominada vida “espiritual”, con sus valores y exigencias; y por otra, la denominada vida “secular”, esto es, la vida de familia, del trabajo, de las relaciones sociales, del compromiso político y de la cultura…”.

Continúa luego del siguiente anuncio:

La Congregación para la Doctrina de la Fe ha dicho diáfanamente que los políticos católicos están obligados, en modo especial y según la responsabilidad que les es propia, a oponerse al reconocimiento legal de las uniones homosexuales. Según el Magisterio, el político católico tiene el deber moral de expresar clara y públicamente su desacuerdo. “Se trata de cumplir con el deber de dar testimonio de la verdad”.

“Ante el reconocimiento legal de las uniones homosexuales, o la equiparación legal de éstas al matrimonio con acceso a los derechos propios del mismo, es necesario oponerse en forma clara e incisiva. Hay que abstenerse de cualquier tipo de cooperación formal a la promulgación o aplicación de leyes tan gravemente injustas, y asimismo, en cuanto sea posible, de la cooperación material en el plano aplicativo. En esta materia cada cual puede reivindicar el derecho a la objeción de conciencia”.

Por otra parte, sostenemos que el Secretario de Justicia ha violado su deber ministerial de defender y hacer cumplir las leyes del Estado Libre Asociado, entre ellas, el Art. 68 del Código Civil. Mientras dicha ley no sea declarada inconstitucional, el Secretario de Justicia no tiene discreción para, arbitrariamente, dejar de defender nuestra legislación, la cual sólo reconoce el matrimonio entre un hombre y una mujer. Es por esto que sugerimos llevar una acción judicial contra el gobierno del ELA para reclamar, mediante un recurso de mandamus, que el Secretario de Justicia cumpla con su deber ministerial.

Por último, nos entristece que el gobierno de Puerto Rico justifique su decisión de no defender la constitucionalidad del Art. 68 del Código Civil basándose, entre otras razones, en las tendencias jurídicas de los estados de E.E.U.U. y en la posibilidad eventual de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos declare inconstitucional estatutos como el nuestro que sólo reconocen el matrimonio entre un hombre y una mujer. Someter nuestro criterio moral sin dar la batalla de defender nuestro ordenamiento nacional, es el peor acto de subordinación al que puede doblegarse un País. Expresamos, pues, a la luz de la doctrina social de la Iglesia, no sólo nuestro rechazo absoluto a la colonización política, sino además a toda forma de colonización moral que quebrante nuestra fibra social.

Elevamos nuestras plegarias a Dios Misericordioso para que ayude a nuestros gobernantes y a todos los hombres y mujeres de nuestro País, a realizar todas las posibilidades de bien, en la verdad y en la caridad, que por la impronta divina, llevamos grabadas en nuestros corazones.

Además, le pedimos a Dios que nos ilumine con su sabiduría para que, a pesar de las diferencias que existan entre los diversos sectores del País, manifestemos siempre el mayor respeto a la dignidad de todas y todos.

Junta de Directores
Alianza Católica Puertorriqueña por la Vida y por la Patria

TRIBUNA de Puerto Rico nace para ofrecer noticias sobre política, gobierno y justicia de una manera balanceada, justa y profunda.

Debes estar conectado para comentar. Conéctate

Dejar Comentario