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Puerto Rico no se va aquedar a oscuras

En los últimos días, hemos visto varias primeras planas apocalípticas insinuando un “Puerto Rico en tinieblas” debido a los problemas de la AEE. La agencia obviamente tiene serios problemas pero aún en el peor de los casos no nos debemos quedar sin electricidad.

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Portadas de los principales periódicos impresos sobre la situación financiera de la AEE.

“Long is the way and hard, that out of Hell leads up to light.” – John Milton

En los últimos días, hemos visto varias primeras planas apocalípticas insinuando un “Puerto Rico en tinieblas” debido a los problemas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). La agencia obviamente tiene serios problemas pero aún en el peor de los casos no nos debemos quedar sin electricidad.

La AEE desde el verano pasado tuvo que sacar dinero de su fondo de mejoras para pagarle a los bonistas, lo cual es un “technical default” del acuerdo de bonistas. Además, tenía que pagar casi $700 millones a los bancos que proveyeron líneas de crédito para la compra de combustible. El 25 de junio de 2014, la legislatura aprobó y el Gobernador firmó la ley 71-2014, una ley de quiebra criolla hecha a la medida para que la AEE tuviera una reestructuración controlada por el Gobierno. Esta ley llevó al 60% de los bonistas en agosto de 2014 a acordar con la AEE un Forbearance Agreement que proveía que la Autoridad cumpliera con varias cosas, tales como contratar un Restructuring Officer, contratar a FTI Consulting para que hiciera un informe sobre las mejores prácticas de facturación, entregar a los bonistas un “business plan” para diciembre de 2014 y un plan de reestructuración para el 2 de marzo de 2015, entre otros. La AEE incumplió con estos dos últimos requerimientos y por ende está en default del Forbearance Agreement. Ms. Donahue ha solicitado prórroga hasta junio de 2015 para cumplir con estos dos, pero no ha recibido respuesta. De cualquier forma, el acuerdo expira, a menos que se extienda, el 31 de marzo de 2015.

¿Qué le depara a la AEE? No sabemos a ciencia cierta, pero todo indica que la agencia no tiene los $400 millones que tienen que pagar a los bonistas en julio. Como indiqé anteriormente, la AEE está en “technical default” desde el año pasado y está en default del acuerdo de agosto de 2014. Bajo el acuerdo de bonistas de 1974 se solicitaría a un tribunal que nombre un receiver en caso de default y bajo el 22 L.P.R.A § 207 un síndico. Bajo cualquiera de los dos, la persona nombrada por el Tribunal operará la AEE como si fuera la Junta de Gobierno. En otras palabras, la generación de electricidad continuará. Más aún, el 22 L.P.R.A § 207(e) hace claro que el receiver o síndico no puede vender partes de la AEE que le sean útiles para su operación.

Además, contrario a lo que se menciona, no existe bajo el Bondholder’s Agreement un gravamen sobre los bienes de la AEE para el pago de los bonos. Lo que existe es la garantía del uso de los ingresos de la AEE para el pago de bonos y de haber un default, el remedio es el nombramiento de receiver o síndico para administrarla para el pago de bonos. Más aún, una vez el pago de bonos se restablezca, la “sindicatura” cesa.

Si se nombra un síndico o receiver, es muy probable que haya reducción de personal, unionado y gerencial. Muchas personas temen el sabotaje de la unión o de personas individuales debido a estos despidos. Aunque esto es posible, debemos recordar que bajo el Patriot Act, es un delito el causar daños a una facilidad de generación eléctrica. No es lo mismo burlarse de la policía de Puerto Rico que del FBI. Para los que no saben que es el Patriot Act, esta pieza legislativa fue establecida poco después del ataque de las torres gemelas en New York en el 2001 y hace delitos federales de terrorismo muchos actos, incluyendo como dije, daños a instalaciones de generación eléctrica. Recordemos que las autoridades federales toman MUY EN SERIO este tipo de actuaciones y bajo el Patriot Act, un acusado puede acabar en Guantánamo con los amigos de Al Qaeda. Así que están advertidos.

“When darkness falls we are reborn”

To Be Continued

John Mudd es un abogado y analista político puertorriqueño. Cursó estudios en Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Derecho en la Universidad de Puerto Rico y la Universidad de Boston.

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