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Radiodifusores, empleados federales y centros comerciales en contra del IVA

Economistas con contratos con el gobierno respaldan la imposición del IVA en las vistas públicas de la Cámara de Representantes. Vea las fotos

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Solo dos economistas con contratos con el gobierno, Juan Lara y José Alameda apoyaron la propuesta Reforma Contributiva y la imposición de un IVA de 16%.

La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes, presidida por el representante del Partido Popular Democrático (PPD), Rafael “Tatito” Hernández, prosiguió hoy, sábado con el análisis del proyecto que crearía la “Ley de Transformación del Sistema Contributivo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.

Al iniciar los trabajos, Hernández anunció que el proceso de vistas públicas está próximo a concluir y que darán paso a una evaluación de las recomendaciones, para ver qué áreas serán enmendadas o modificadas. Destacó que hasta hoy, la Comisión había escuchado a 103 deponentes y grupos interesados en expresarse en torno a la medida.

“Estamos próximos a concluir este proceso de vistas y les comunico que estamos en constante comunicación con el Ejecutivo. La semana que viene comenzaremos a ajustar el proyecto, dependiendo de las proyecciones, para establecer las recomendaciones a la medida”, informó.

Durante el penúltimo día de vistas públicas comparecieron los economistas Juan Lara y José Alameda, ambos con contratos con el gobierno. Lara, cuya empresa de consultoría goza de más de $980,000 dólares en contratos con la actual administración de gobierno, apoyó la propuesta por considerar que atiende la mayor parte de los señalamientos que han hecho los economistas sobre las fallas del sistema contributivo vigente.

De igual forma, opinó que pasar al gravamen de consumo es la mejor manera de combatir la evasión. “Este proyecto representa un gran paso para superar lo que ha sido uno de los grandes obstáculos en nuestro desarrollo económico, la falta de mecanismos de recaudación fiscal que permitan el ejercicio saludable de la gestión del Estado sin frenar la iniciativa económica privada”, afirmó.

Mientras, Alameda, quien tiene un contrato vigente con el municipio de Mayagüez, (2015-000370) por $14,400 dólares, señaló que el mecanismo de Impuesto de Valor Añadido (IVA), mejora la captación porque se cobra en todos los niveles de la cadena de producción. El economista destacó que el IVA se fiscaliza a sí mismo a diferencia del Impuesto a la Venta y Uso (IVU), que lo fiscalizan los consumidores.

Asimismo, afirmó que Puerto Rico necesita una reforma contributiva. “Tiene que ser una reforma contributiva que cumpla con los objetivos de los sistemas contributivos, que no es sólo recaudos fiscales”, expresó.

En torno al reclamo de algunos alcaldes sobre la reforma contributiva, recomendó que los municipios establezcan su propia política pública y que se enmiende el Código de Rentas Internas a tales fines.

Por su parte, un grupo de radiodifusores y otros medios de comunicación del País, expresaron su oposición a la propuesta. El portavoz de los radiodifusores, Roberto Dávila, alegó que el IVA, según propuesto, afectará la viabilidad de la gran mayoría de los negocios de comunicaciones y provocará el cierre de muchas de sus operaciones.

Por otro lado, la Asociación de Empleados Federales, organismo que representa a 31,000 trabajadores federales activos y retirados en Puerto Rico, alertó que los empleados federales en la isla no verán una reducción en su responsabilidad contributiva, debido a que a diferencia de los demás contribuyentes, tienen la obligación de rendir una planilla a nivel local y otra a nivel federal.

Entretanto, la entidad Puerto Rico Information Technology Cluster (IT Cluster), consideró que algunos aspectos de la propuesta afectarán drásticamente las operaciones de las empresas de tecnología e informática. El miembro de la Junta de Directores de IT Cluster, Christian González, planteó que el imponer el IVA a los servicios entre negocios constituye una carga adicional injustificada que afecta al comerciante y a dicho sector.

Por su parte, la Asociación de Centros Comerciales Puertorriqueños (ACCP), advirtió que el aumento de un IVU actual de 7% a un IVA de 16%, propiciaría un duro golpe al comercio local y a los consumidores.

Tras escuchar los planteamientos y recomendaciones de todos los sectores, Tatito Hernández indicó que analizan todo el componente de lo que es impuesto al consumo, para ver cómo se hará un ajuste de las tasas.

“En los próximos días vamos a tener noticias de que esto pueda ser más sensible y que el impacto sea de beneficio para todos los sectores”, manifestó el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes.

 

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