Representante June Rivera asegura el IVA tendrá un impacto negativo en los servicios de evaluación, terapia de habla, terapia ocupacional, terapia física y terapia psicológica, entre otros que reciben los niños con discapacidades y problemas en el desarrollo.
“Mucho se dice de cómo afectará a la educación la implantación del 16 % del Impuesto de Valor Añadido (IVA). Sin embargo, nada se ha dicho de lo que esto representa para el sector más marginado dentro del ámbito escolar en Puerto Rico, el programa de Educación Especial”, señaló el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Rafael “June” Rivera.
Y es que de acuerdo al legislador, “el IVA es otro atropello más de este gobierno al derecho que tienen estos estudiantes de disfrutar de una digna educación especial”.
Según surge de la Constitución de Puerto Rico, como parte del derecho constitucional que le asiste a estos menores, a “una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales”, esos niños tienen derechos a servicios educativos y de apoyo que respondan a sus necesidades particulares y que incluyan evaluación, terapia de habla, terapia ocupacional, terapia física y terapia psicológica, entre otros.
Lo cierto es que hoy día, los profesionales que prestan estos servicios no son considerados agentes retenedores, y por tanto, no cobran el Impuesto a la Venta y Uso (IVU), según el Código de Rentas Internas de 2011. No obstante, con la propuesta Reforma Contributiva, todos ellos así como aquellos que presten servicios relacionados al área de cuidado de salud y asistencia social, tendrán que facturar un 16% adicional a lo que cobran ahora.
De otra parte, el representante aseguró que tanto los costos operacionales de estas oficinas como los productos, bienes, servicios y transacciones que adquieran o lleven a cabo, aumentarán en un 16%, así como los estudios continuos de estos profesionales y al final del día todos serán añadidos en la factura de servicios.
Así también advirtió que todo el que pretenda reclamar al estado el cumplimiento del derecho constitucional de un menor, a través del tribunal, tendrá que pagarle al abogado un 16% adicional.
“Cómo se nota que el Gobernador y sus secuaces no sufren, ni padecen lo que los padres de los niños con necesidades especiales tienen que pasar para ofrecerle a sus hijos igualdad de condiciones que los niños de la corriente regular y más aún, cuando no cuentan con los recursos económicos necesarios. Lamentablemente, este gobierno no conoce las necesidades de su gente. Con la implantación del IVA terminarán hundiendo al pueblo. Le exigimos al señor gobernador y a toda la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) que retiren el proyecto por el bienestar común y económico de todos los puertorriqueños”, sentenció.
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