Cámara de Comercio propone alternativa a la Reforma Contributiva

Presidente de la Cámara de Comercio presentó una propuesta de Reforma Contributiva y Fiscal que incluye una reforma gubernamental y un plan de desarrollo económico.

El presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, José “Pepe” Encarnación sostuvo que la propuesta de la organización, reconoce la situación fiscal de Puerto Rico, los retos de la ciudadanía y de las empresas y promueve los mecanismos para una implementación más efectiva.

La Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) se opuso al Proyecto de la Cámara 2329, conocido como el proyecto de “Ley de Transformación al Sistema Contributivo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, por entender que no cumple con unos puntos básicos que debe contener una verdadera Reforma Contributiva y por su impacto a la frágil economía de Puerto Rico.

Así lo hizo saber su presidente, José “Pepe” Izquierdo Encarnación, durante su ponencia ante la Comisión de Hacienda de la Cámara Representantes.

“Ante esta coyuntura histórica, la Cámara de Comercio de Puerto Rico no se limita a esbozar su análisis y oposición al Proyecto de la Ley propuesto, sino que presentamos una nueva propuesta de Reforma Contributiva y Fiscal”, afirmó Izquierdo Encarnación. “En su defecto, la CCPR propone una Reforma Gubernamental que incluye acciones concretas para el desarrollo económico, estimular la economía, atajar la evasión de impuestos, achicar y mejorar la gerencia y productividad del gobierno, darle estabilidad a los ingresos del fisco, aliviar las contribuciones sobre ingresos de las familias, mejorar las condiciones de operación de las empresas locales y además una propuesta de fácil y pronta implementación.”

Según esbozó Izquierdo, la misma está basada en la integración de los asuntos medulares expuestos con una nueva propuesta. Estos son: incentivar la Economía, revisión de los incentivos económicos y restructuración y, reducción de presupuesto gubernamental, con una nueva propuesta de Reforma Contributiva que integra los mejores aspectos del Proyecto de Ley y elimina los aspectos nocivos a la situación económica actual con un impacto menor para el país.

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Según la Cámara de Comercio, su propuesta reconoce la situación fiscal de Puerto Rico, los retos de la ciudadanía y de las empresas y promueve los mecanismos para una implementación más efectiva.

Las recomendaciones presentadas por la organización incluyeron iniciativas que incentiven el crecimiento de la economía.

Según afirmó el presidente de este gremio, la única manera de estimular la economía a corto plazo es promoviendo la construcción, por lo que recomendaron permitir una exención a las construcciones que sean para albergar facilidades que crearán empleos; manejando dichas exenciones al estilo de la Ley 212-2002. Así también, recomendaron que se conceda depreciar a determinados proyectos de construcción, en uno o dos años. “Es una depreciación acelerada al máximo, pero ha demostrado ser un incentivo efectivo (“expensing investments”) y no hay costo para el fisco si se trata de proyectos que de otra forma no se hubieran construido”, explicó el Ingeniero.

Por otro lado, se recomendó añadir a la Ley de las Alianzas Público Privadas (APP) en su renglón de proyectos a menor escala, donde el financiamiento sea exclusivamente privado, el mismo concepto de depreciación acelerada.

La Cámara de Comercio también remitió el pasado 20 de febrero recomendaciones a la Comisión de Hacienda para revisar los Incentivos Contributivos que se otorgan por el gobierno de Puerto Rico, de manera que estén acompañados de mayor participación de las empresas locales.

Durante la ponencia del ingeniero Izquierdo, también hizo hincapié en la importancia de reestructurar el gobierno y reducir los gastos operacionales del gobierno Central en 20% durante los próximos cinco años, a razón de 4% cada año.

Así también avaló la recomendación del informe preparado por KPMG sobre las tasas de contribución de ingresos de individuos. La reducción sería según la tabla propuesta en el proyecto de Ley, pero con una exención sobre los individuos con ingresos anuales de $35,000 dólares o menos ($70,000 o menos en el caso de casados que rinden planilla conjuntamente y no usan el cómputo opcional). Dicha reducción en tasas estaría sustentada en un aumento en el impuesto al consumo que sea proporcional con dicha reducción.

No obstante, instó a la Comisión de Hacienda de la Cámara a mantener las tasas preferenciales. “Las tasas preferenciales históricamente han sido establecidas por el gobierno porque fomentan la inversión en Puerto Rico, el ahorro y el ahorro para el retiro, los cuales son pilares de nuestro desarrollo económico y en fin redundaban en crecimiento económico y mejor calidad de vida para todos”, enfatizó el Ingeniero.

Propusieron además un aumento de 7% a 12% del Impuesto a la Venta y Uso (IVU), propuesta que está atada la reducción ofrecido en la tasa de contribución sobre ingresos de individuos. Favorecieron la eliminación del IVU municipal establecida en el Proyecto para integrarlo con el estatal, y sustituirlo por una aportación de un 1% a COFIM.

Aunque favoreció la integración de IVU como sistema, indicó que los municipios deben ayudar y ser parte de la fiscalización del IVU, ya que son sumamente efectivos en sus labores de fiscalización. A estos efectos, la CCPR propuso que se incentive la fiscalización de los municipios mediante el pago de 20% a los municipios de lo recogido del IVU por encima del 55%.

De igual manera, la Cámara de Comercio propuso regresar al IVU original con programación de transferencia automática de los recaudos al Departamento de Hacienda, eliminar del IVU la tributación de los servicios entre negocios establecida por la Ley Número 40-2013, eliminar el IVU en el muelle y el Sistema PICO, denunciando, que todos estos cambios han constituido una carga injustificada a los comerciantes y han complicado irrazonablemente el sistema contributivo. Así también, indicó que el IVU Loto aumenta injustificadamente los costos de los comerciantes y los recaudos propuestos por el IVU Loto no se han materializado, por lo que no se justifica el gasto del gobierno ni el gasto de los comerciantes en mantener ese sistema.

Entre otras recomendaciones hechas por la CCPR se encuentra el establecer un pago para compensar el impacto de la regresividad del aumento del IVU de 7% a 12% a los ciudadanos de escasos recursos, ingresos bajos y retirados.

Enfatizó en la necesidad de que Puerto Rico desarrolle la legislación con las debidas salvaguardas, la capacidad de imponer impuestos a las ventas vía internet indicando que afecta precisamente a los pequeños y medianos empresarios y que se estima que ya ha “canibalizado” el 10% de la ventas al detal.

La Reforma debe simplificar el sistema contributivo, de manera que el mismo sea uno más eficiente para el contribuyente y el gobierno, y debe contener un periodo de transición y ajuste, que permita a la empresa privada afrontar dichos cambios y ejecutarlos propiamente.

Por último, recalcó que la Patente Nacional debe mantenerse eliminada, por ser un impuesto confiscatorio e irrazonable. También, propuso establecer un fondo de inversión en infraestructura que impacte el desarrollo económico ínter-regional y propuso reformar las contribuciones sobre la propiedad mueble y simultáneamente el sistema de auto-imposición de la propiedad mueble, eximiendo de tributación al inventario. También se debe eliminar o reducir sustancialmente la tributación de maquinaria y equipo. En término de las empresas, de no ser implementable este inciso, se recomendó la reducción de las tasas contributivas de las corporaciones de acuerdo al informe de KPMG.

“Desde el mes de octubre del año pasado, hemos trabajado con diversos grupos en el afán de recibir el insumo de los distintos sectores que componen a nuestra Institución y 36 asociaciones afiliadas con más de 40,000 miembros, por lo que entendemos que las recomendaciones presentadas representan el sentir de la vasta mayoría del sector empresarial del país”, concluyó diciendo el presidente de la Cámara de Comercio.