Pierluisi lanza advertencia al secretario de Justicia

El candidato a gobernador por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi reaccionó hoy jueves al referido al Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI) de funcionarios de la pasada administración, lanzando una advertencia al Departamento de Justicia, de que el emplear los recursos del gobierno para persecución política es castigable dentro de nuestro ordenamiento legal.

El candidato a gobernador por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi defendió la legitimidad de la participación de funcionarios públicos en actividades de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC).

El Departamento de Justicia refirió al Panel del FEI, a la exfuncionaria de Fortaleza y hoy juez del Tribunal Apelativo, Grace Grana Martínez y a funcionarios del Cuerpo de Bomberos por alegadas violaciones de ley vinculadas a un viaje a la convención de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) en el 2010.

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Pierluisi expresó que le parece sospechoso que la actual administración del Partido Popular Democrático (PPD), “pretenda lanzar lodo sobre una organización respetada y bona fide, como lo es LULAC, y de criminalizar la participación de los servidores públicos en actividades concertadas legítimas que están incuestionablemente amparadas por los derechos constitucionales relacionados a la libre expresión y asociación”.

El presidente del PNP sostuvo que los referidos al FEI surgen de una investigación preliminar, y los mismos no establecen conclusiones sobre responsabilidad criminal. Y que le corresponde al Panel del FEI investigar las imputaciones para entonces determinar si se presentan cargos criminales contra los presuntos implicados

“No queremos pensar que las expresiones del Secretario de Justicia de Puerto Rico sobre la entidad LULAC pretendan intimidar a los servidores públicos estadistas con el fin de que estos se abstengan de participar en este tipo de actividades en el futuro. Mas aún, cuando debe ser incuestionable que existe un fin público para apoyar entidades como LULAC”, acotó el presidente de la Palma mediante comunicación escrita.

“Por ello, reiteramos que, en este contexto, el Departamento de Justicia de Puerto Rico no posee autoridad legal alguna para implicar categóricamente que se ha cometido delito. La determinación de si existe base real para imponer responsabilidad criminal sobre este asunto deberá ser determinada por el FEI, una vez esta realice una investigación exhaustiva sobre los hallazgos preliminares referidos por el Departamento de Justicia de Puerto Rico. Debemos ser cautelosos con llegar a conclusiones, ya que la historia reciente nos demuestra que los referidos al Panel del FEI han sido utilizados inescrupulosamente como punta de lanza para adelantar agendas puramente partidistas, y enteramente desvinculadas de la búsqueda de la verdad”, sentenció Pierluisi.

El líder novoprogresista señaló que en Puerto Rico, nadie está por encima de la ley y que el uso de fondos públicos para fines ajenos a la gestión gubernamental debe ser castigada; añadió que el utilizar los aparatos investigativos del Estado para realizar investigaciones cuyo único fin es manchar reputaciones y desviar la atención sobre los asuntos que verdaderamente conciernen a los puertorriqueños, cabe dentro de esa categoría.

“Como exsecretario de Justicia del Gobierno de Puerto Rico, me veo, nuevamente, obligado a reiterar que la persecución política y la perversión de nuestro sistema de justicia criminal no tiene cabida en un sistema democrático de gobierno. Advertimos tajantemente que todo aquel funcionario que incurra en dicha practica será procesado bajo mi administración y tendrá que enfrentar todo el peso que la ley impone a tan reprochable conducta . El uso de los recursos del Estado para faenas políticas o, peor aún, para la fabricación de casos criminales; es un grave delito contra la democracia y la función pública”, expresó Pierluisi.

“Conozco personalmente a la Honorable Jueza Grana Martínez y, de mi trato profesional con ella, me resultaría altamente sorprendente que ésta haya incurrido en practicas anti éticas o que en el despliegue de sus acciones oficiales se hubiese apartado de los postulados que rigen la ética gubernamental. En vista de ello, estaremos sumamente pendientes al desenlace de la investigación, y de producirse evidencia que establezca que este asunto fue tramitado por motivaciones políticas, como Comisionado Residente, tomare toda las acciones dentro de mi poder para garantizar que los derechos civiles de nuestros servidores públicos no sean objeto de ataques viciosos e injustificados”, terminó diciendo el candidato a gobernador por el PNP.