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Estudian medida para reclamar se exima la Isla de Ley de Cabotaje

La Comisión de Asuntos Federales e Internacionales de la Cámara, presidida por el representante Ángel Matos García (PPD), inició hoy miércoles vistas públicas en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 489, que declara la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), en torno al reclamo al Gobierno de los Estados Unidos para que se exima a Puerto Rico de la aplicación de las Leyes de Cabotaje.

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El presidente de la Comisión de Asuntos Federales e Internacionales de la Cámara, Ángel Matos García (PPD), consignó que la gestión debe incluir a todos los sectores de interés, para lograr que se exima a la Isla de la aplicación de la Ley de Cabotaje.

A la vista compareció el director de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Juan Eugenio Hernández Mayoral, quien compartió la preocupación legislativa y avaló la misma. “Reafirmamos nuestro apoyo a toda gestión dirigida a establecer una política pública que reclame al Gobierno de los Estados Unidos la exención de la Isla de la aplicación de las Leyes de Cabotaje”, planteó el funcionario.

Hernández Mayoral recordó la importancia de activar todos los mecanismos necesarios para poner en vigor esa gestión, algo que su agencia “ya está llevando a cabo”. A su vez, destacó la importancia de convocar a congresistas y encaminar legislación para que se exima gradualmente a Puerto Rico de algunas secciones de dicha ley. “Lo hemos hecho hasta ahora y lo continuaremos haciendo tan pronto el Congreso entre en sesión en enero próximo”, manifestó.

Por su parte, el exsenador y exdirector de PRFAA, José Ortiz Daliot (PPD), dijo que aunque difícil, la Isla puede comenzar un proceso para solicitar que se le exima de las disposiciones de la Ley de Cabotaje. “Es difícil, pero no imposible. El éxito podría girar en que la petición sea de todos. Una alianza entre las ramas del Gobierno y el sector privado. Es hora de pasar factura a la administración de Obama, quien se comprometió con atender este asunto en uno de sus viajes de campaña a la Isla”, indicó.

Agregó que esa alianza podría incluir también a estados o grupos que también deseen la derogación de la Ley de Cabotaje.

El presidente de la comisión consignó que la gestión debe incluir a todos los sectores de interés, para lograr que se exima a la Isla de la aplicación de la Ley de Cabotaje. Además, planteó la necesidad de que el Comisionado Residente adopte esta política pública por el bien del País.

“Tenemos que llevar a cabo las gestiones y todo lo que sea necesario para la implementación de esta política pública. El Secretario de Estado debe iniciar las alianzas estratégicas necesarias con los países que tengan marinas mercantes, para lograr nuestro propósito”, sostuvo Matos García.

Mientras, el Centro Unido de Detallistas (CUD), catalogó de imperativo que el gobierno lleve a cabo las alternativas viables que propendan en la reducción de los costos marítimos. “Aunque reconocemos que el tema es complejo, estamos frente a un aspecto de gran relevancia para el Gobierno y el País en general. La seguridad alimentaria de todos los puertorriqueños depende de la entrada de estos productos a la Isla y, por tanto, reviste alto interés para el Estado”, expuso mediante ponencia escrita el presidente de ese organismo Rubén Piñero.

La Resolución Conjunta de la Cámara 489, de la autoría del portavoz de la mayoría, Charlie Hernández (PPD) y del portavoz alterno de la mayoría, Carlos Bianchi Angleró (PPD), destaca que excluir a la Isla de la aplicación de la Ley de Cabotaje provocaría una expansión comercial en términos generales. De hecho, alega, ayudaría al crecimiento económico de ciudades portuarias tales como San Juan, Mayagüez, Fajardo, Cataño, Vieques, Culebra, Ceiba, Guánica, Peñuelas, Yabucoa, Guayanilla y Ponce.

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