Informe revela estado crítico de servicios de salud mental

Con la presencia de un grupo de pacientes de salud mental que observaban desde las gradas el proceso parlamentario, el Senado recibió hoy un informe parcial sobre los servicios de salud mental que ofrece la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), mediante la privatizadora APS Healthcare.

Una paciente de salud mental observa desde las gradas del hemiciclo del Senado, los procedimientos de la sesión legislativa.

“Desde la implantación de la reforma de salud en 1992, Puerto Rico ha invertido más de $2 mil millones en servicios de salud mental y en la actualidad no existe evidencia de mejoramiento de los servicios”, expresó la presidenta de la Comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social que realizó la investigación, Rossana López León (PPD).

Los datos se revelaron como parte del informe parcial de la investigación que aún continúa y que surge de la Resolución del Senado 249, de la autoría del portavoz de la mayoría, Aníbal José Torres (PPD). Se indagó en los programas preventivos ofrecidos por ASSMCA, en los servicios y tratamientos que reciben los pacientes de salud mental y el estado de situación de los servicios, así como planta física del sistema. El informe parcial presentado implica que la investigación sigue abierta.

“Los hallazgos sobre la administración de los recursos de salud mental son alarmantes. Es un sistema fuera de control que gasta alrededor de $120 millones anuales en un proveedor que, a diario pone en riesgo las vidas de miles de pacientes, no brinda la totalidad de los servicios por los que se le paga y no reporta por los pocos servicios que realiza”, afirmó la senadora López León. “La aseguradora se ha caracterizado por la limitación y la carencia de servicios a los pacientes de salud mental. La constante aquí es más una fórmula económica que una fórmula social de ofrecimiento de servicios a estos pacientes”.

Se trata de APS Healthcare, empresa con base en White Plains, New York y dedicada a administrar centros de servicios de salud mental. El informe señala que desde 2010 la empresa ha facturado cerca de $432 millones de dólares al gobierno de Puerto Rico para servir a 1.6 millones de pacientes. Sin embargo, la investigación refleja que se han atendido anualmente solo el 10% de estos.

Otros apuntes ponen al descubierto que APS, más que un facilitador, es un obstáculo para la identificación, prevención y tratamiento de las condiciones asociadas a la conducta (salud mental y contra la adicción), precisamente los mismos objetivos para los que deben ser facilitadores de soluciones. De igual forma obstaculizó la investigación senatorial al no entregar más del 60% de los documentos solicitados por la Comisión.

Por su parte, el autor de la medida, Aníbal José Torres, destacó que “lo que daña y torpedean los procesos son los intereses que hoy, ahora, están llamando a senadores y senadoras para que este informe no sea visto por este Senado. Y como siempre, vamos de frente y felicito a la Comisión por hacer su trabajo”. Torres expresó en el hemiciclo que en la pasada administración, no se aprobó una resolución para investigar este tema. “No pasó de la Comisión de Reglas y Calendario. A todos nos toca este tema de la salud mental, si no es hoy, será mañana. No hay nadie que hable bien de los servicios de salud mental en la Isla. A todos nos toca este tema. El negocio de la salud mental en Puerto Rico, es un gran negocio, pero se tiene que dar un buen servicio”.

Las estadísticas reportadas por la ASSMCA sobre las condiciones de salud mental de mayor prevalencia para la población de niños y adolescentes en Puerto Rico para los años 2010 al 2013 indican que el 48.76% de los pacientes atendidos a través de los distintos niveles de cuidado padecen o han padecido de Trastornos de Inicio en la Infancia, Niñez o la Adolescencia. Por lo cual, si APS dedicara los fondos destinados a la prevención, el panorama pudiera ir cambiando para el beneficio de esta población en Puerto Rico.