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Pierluisi exige trato justo bajo el Obamacare

El Comisionado Residente en Washington, Pedro Pierluisi (PNP), lideró hoy una ofensiva de los delegados congresionales de los cinco territorios estadounidenses, en la que se le exige al secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS por sus siglas en inglés) como al secretario del Departamento del Tesoro trato justo bajo el Obamacare para los más de cuatro millones de residentes de los territorios.

El Comisionado Residente en Washington, Pedro Pierluisi (PNP), junto a los delegados de los demás territorios estadounidenses pidió que se le extiendan a los mismos algunas provisiones del Obamacare que solo aplican a los Estados.

En una carta enviada al secretario de Salud y al secretario del Tesoro, se hace referencia a la Sección 9010 del Affordable Care Act, conocido como Obamacare, el cual impone un cargo a las compañías de seguros de salud en los Estados Unidos que comienza a regir este año. Aproximadamente una docena de aseguradoras en Puerto Rico pagarán un total de unos $112 millones de dólares al gobierno federal en el 2014, unos $158 millones en el 2015 y aún más en años subsiguientes. Posiblemente las aseguradoras pasen parte de ese cargo a los beneficiarios individuales (aumentando los costos del paciente y reduciendo servicios) y a los médicos y hospitales (reduciendo las tasas de reembolso).

El propósito del cargo impuesto por la ley federal es crear un ingreso para el gobierno de Estados Unidos, que ayude a contrarrestar el costo de varias disposiciones de la Reforma de Salud, ya que la misma aumenta los beneficios y, por tanto, requiere de más gasto federal.

“Como territorio, a Puerto Rico siempre se le ha tratado discriminadamente bajo los programas federales como el Medicaid y el Medicare. Cuando se debatió la Reforma de Salud, trabajé intensamente con mis colegas para atender estas desigualdades. Al final, después de haber hablado personalmente con el Presidente Obama en la Casa Blanca el 11 de marzo de 2010 y explicarle que el proyecto en discusión era injusto para los territorios, las disposiciones de la reforma mejoraron dramáticamente. La versión final que se convirtió en ley asignó $6.325 billones adicionales en fondos federales para el programa Medicaid en Puerto Rico. Esta es la inyección más grande de fondos federales en la historia de Puerto Rico y tuvimos que pelear cada centavo”, dijo Pierluisi.

“La Reforma de Salud federal discrimina en contra de los territorios en importantes aspectos. No hay base o fundamento que justifique el porqué las aseguradoras en los territorios deben pagar el cargo—parte del cual podrían pasarle a los pacientes, médicos y hospitales—en la misma medida en que lo tienen que pagar las aseguradoras en los estados. Si los territorios no reciben todos los beneficios de la ley, ¿por qué deben tener que cumplir con todas las obligaciones de la misma?”, añadió el Comisionado Residente.

La carta señala que es apropiado que las aseguradoras en los estados paguen el cargo, ya que los residentes de los estados son elegibles a beneficiarse de todos las disposiciones de la Reforma de Salud federal. Sin embargo, en la carta se argumenta que no es justo que las aseguradoras en los territorios estén sujetas al cargo, dado a que muchos de los beneficios no están disponibles para los residentes de los territorios.

“Por tanto, en la carta se le solicita a la administración de Obama que exceptúe a las aseguradoras en los territorios del cargo o que en el caso de que la administración reclame que no tiene la autoridad legal para actuar, que trabaje con los delegados territoriales para atender este problema a través de legislación en el 2015”, indicó Pierluisi.

Bajo la disposición de la Reforma de Salud federal conocida como el “mandato individual”, la mayoría de los residentes de Estados Unidos tienen que obtener seguro médico o pagar una penalidad. El mandato individual no aplica a los territorios. Asimismo, bajo el “mandato patronal”, ciertos patronos que no le ofrecen seguro médico a sus empleados tienen que pagar una penalidad. Ese mandato patronal tampoco aplica a los territorios. Los negocios pequeños que proveen seguro a sus empleados son elegibles a recibir un crédito contributivo federal, pero los de los territorios no son elegibles a recibir este crédito.

“Fundamentalmente, bajo la disposición principal de la ley, muchos individuos y familias pueden comprar un seguro médico a través de un “Centro de Intercambio de Seguros” (exchange) operado por el gobierno federal o estatal y financiado con subsidios del gobierno federal para familias de bajos recursos. Dentro de varios años, 25 millones de ciudadanos americanos se beneficiarán de una cubierta de seguro médico a través de estos intercambios. Sin embargo, los territorios no pudieron establecer intercambios estatales y sus residentes no son elegibles para participar en el intercambio federal”, dijo Pierluisi.

“Durante la próxima década, le costará al gobierno federal $1.049 trillones proveer subsidios para los intercambios. Esta es la disposición de gasto más grande en la ley—la cual deberá ser compensada por el cargo impuesto en la Sección 9010—y sin embargo, estos fondos no ayudarán a los residentes de los territorios”, añadió.

Además, bajo la Reforma de Salud federal, a los estados se les permite expandir la elegibilidad del Medicaid, y el gobierno federal cubre entre 90 a 100 por ciento del costo.

“Sin embargo, a los territorios se les trata de una manera completamente diferente bajo la ley de Medicaid. Cuando se debatió la Ley de la Reforma de Salud, luchamos vigorosamente para obtener miles de millones adicionales en fondos del Medicaid para los territorios. Estoy orgulloso de la batalla que dimos y del resultado histórico que logramos. Pero nadie debe pensar o estar bajo la ilusión de que logramos la igualdad con los estados, porque los territorios siguen siendo tratados con un discrimen terrible bajo el Medicaid,” dijo Pierluisi.

La carta suscrita por Pierluisi está firmada, además, por los representantes Donna Christensen de las Islas Vírgenes; Madeleine Bordallo de Guam; Eni Faleomavaega de Samoa Americana y Gregorio Kilili Camacho Sablan de las Islas Marianas. La misiva está dirigida a Sylvia Burwell, Secretaria del DHHS y a Jacob Lew, secretario del Tesoro de Estados Unidos.

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