Senado investigará situación de albergues para víctimas de violencia doméstica

El Senado de Puerto Rico, aprobó el jueves una resolución que ordena a las Comisiones de Asuntos de la Mujer y a la de Hacienda y Finanzas Públicas del Senado realizar una investigación sobre las instituciones especializadas en proveer servicios de albergue de emergencia y protección a víctimas de violencia doméstica, su situación y necesidad fiscal.

Además la medida, de la autoría de la senadora por Mayagüez-Aguadilla Maritere González (PPD), busca que se analicen los criterios para donativos legislativos e identificar alternativas fiscales para garantizar su operación. “Los albergues han demostrado ser el único mecanismo 100% seguro donde las víctimas pueden estar protegidas, ya que cuentan con protocolos de seguridad que minimizan factores de riesgo. Su trabajo hace la diferencia entre la vida y la muerte de la mujer y sus hijos e hijas”, dijo González durante la sesión.

En Puerto Rico existen 10 instituciones especializadas en proveer servicios de albergue de emergencia y protección a víctimas sobrevivientes de violencia doméstica. A través de los Programas de Albergues se ofrecen servicios de protección y seguridad, hasta un máximo de 90 días.

En un informe presentado por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, el 15 de agosto del 2014, sobre los 25 años de la Ley 54 en Puerto Rico se reveló que el 77 por ciento de las víctimas de violencia doméstica son atendidas por los albergues y organizaciones sin fines de lucro, y que las agencias de gobierno no cuentan con todo el personal ni con las facilidades necesarias para atender a esta población por lo que se delega el trabajo en estas organizaciones.

Las Comisiones deberán someter un informe final que contenga los hallazgos, conclusiones y recomendaciones que estime pertinentes, incluyendo las acciones legislativas y administrativas que deban adoptarse con relación al asunto objeto de este estudio, dentro de los noventa días siguientes a la fecha de aprobación de esta Resolución.

“El Estado Libre Asociado de Puerto Rico reconoce la necesidad de combatir la violencia doméstica y fomenta a través de sus instituciones que las mujeres salgan del abuso, por tanto,  es deber del gobierno investigar y considerar todas las opciones posibles, para asegurar que ninguna mujer víctima de violencia sea desatendida por falta de servicios y que esto represente un atentado contra su vida y sus derechos. Con esta resolución buscamos garantizar los derechos de las víctimas de violencia doméstica”, concluyó diciendo Maritere González.