Cuestionan nivel de cumplimiento de APP del Aeropuerto

La Comisión Conjunta para las Alianzas Público Privadas de la Asamblea Legislativa inició vistas públicas para continuar evaluando el nivel de cumplimiento de la privatizadora Aerostar con la Autoridad de Puertos en torno al contrato suscrito entre esta compañía y el Gobierno, para la operación y administración del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (AILMM).

De acuerdo con el presidente de la Comisión Conjunta para las Alianzas Público Privadas de la Asamblea Legislativa, Jesús Santa Rodríguez (PPD), se esperaba que la transacción satisficiera toda la deuda de la Autoridad de los Puertos.

Comparecieron como deponentes, el Director Ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Víctor Suárez, y el asesor de la Corporación, Manuel Rodríguez.

Suárez justificó que la razón fundamental para promover esta transacción fue el nivel alto de endeudamiento del AILMM, que previo al contrato ascendía a $939 millones de dólares. Después de la contratación, la deuda se redujo a $400 millones, principalmente porque del pago de los $615 millones hecho por Aerostar, $522 millones fueron utilizados para abonar a la misma, $50 millones para aportar a la deuda con el retiro de sus empleados y $17.4 para el pago de deuda con el IRS. El año pasado se retiraron 215 empleados de 225 que se había estimado.

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De acuerdo con el presidente de la Comisión, Jesús Santa Rodríguez (PPD), se esperaba que la transacción satisficiera toda la deuda. Suárez reconoció que la transacción con Aerostar no pretendía resolver todos los problemas de la Autoridad de los Puertos. Abundó que la meta de refinanciar la deuda no fue posible entonces. En efecto, trascendió que la deuda al descubierto se contrajo sin fuentes de pago y al presente, la AP no tiene la solvencia para resarcir el balance de la misma.

Asimismo, Suárez amplió que el nivel de endeudamiento del AILMM afectaba la solvencia del Banco Gubernamental de Fomento. “Tampoco teníamos la capacidad para invertir en la infraestructura necesaria para ponerlo a funcionar al nivel de los tiempos e invertir en los aeropuertos regionales”, afirmó. Sobre los regionales, operación que mantiene la AP, Suárez reconoció que “Aunque se han realizado varias iniciativas, queda muchísimo por hacer”. Añadió que en el caso del aeropuerto de Aguadilla, se desarrollarán las áreas de carga y los planes existentes colocarán a este puerto por encima de los ofrecimientos del aeropuerto de Miami ya que se están iniciando conversaciones con varias líneas áreas para expandir sus operaciones allí.

Santa Rodríguez cuestionó sobre el cumplimiento de los estándares en la construcción del Terminal D y solicitó la evidencia de dichas medidas de calidad. “Las expectativas deben ser que de la misma manera que las agencias exigen estándares de cumplimiento, asimismo la AP tiene que exigir a Aerostar que requiera a sus contratistas cumplir con dichos estándares”, afirmó.

Asimismo, a preguntas del representante Santa sobre el incidente que requirió la paralización del aeropuerto por unas horas como consecuencia de unas inundaciones, Suárez no pudo ofrecer explicaciones. Del mismo modo, aceptó que las revisiones de los cánones de arrendamiento en los aeropuertos regionales conllevó a un aumento de los mismos. También, salió a relucir que Puertos mantiene litigios legales con distintas entidades por el manejo y uso de las áreas de carga, el hotel del AILMM y, además mantiene un litigio con Aerostar respecto al cobro de los arbitrios por combustible.

Suárez aseguró que la privatizadora ha hecho mejoras aceleradas con una inversión de $42 millones en puentes de abordaje, la optimización en la señalización de las pistas y en otras áreas que había que realizar. Añadió que, “Todavía falta una parte importante de la remodelación del Aeropuerto. Específicamente, el Terminal B terminará su remodelación a finales de este año, el Terminal C concluirá a fines del 2015. Mientras, se estará utilizando el terminal D para recibir todas las líneas áreas, excepto del terminal de JetBlue, y remodelar las áreas de manejo de equipaje. Todas estas mejoras ascenderán a $250 millones en los primeros cinco años”.

La Comisión cameral continuará su ciclo de vistas públicas para continuar evaluando el nivel de cumplimiento de Aerostar con el contrato establecido con el Gobierno, para lo que Santa Rodríguez concedió diez días para someter los documentos requeridos en la audiencia. Las operaciones del AILMM son también fiscalizadas por la AP, la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA).