Después de Cuba, Ecuador es el país más restrictivo en libertad de expresión

Ex relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asegura que en este país, “todos los medios de comunicación, están expresamente obligados a publicar toda la información que el Gobierno considere que es de interés público.

La jurista colombiana Catalina Botero, en entrevista para el periódico El País, considera que Ecuador, después de Cuba, “tiene la legislación más restrictiva para la libertad de expresión en toda la región”.

Botero asegura que en ese país, “todos los medios de comunicación, escritos, digitales, de radio o televisión, están expresamente obligados a publicar toda la información que el Gobierno considere que es de interés público y, al mismo tiempo, pueden ser sancionados por publicar información que el Gobierno considere irrelevante. En otras palabras, quien decide si el público puede o no conocer una información son los agentes gubernamentales encargados de vigilar y sancionar a la prensa”, sostiene la jurista.

Ante la pregunta de que hay quienes aseguran que “algunas limitaciones a la libertad de expresión son necesarias para defender a los grupos más vulnerables frente a la “prensa hegemónica”, Botero argumenta que “una cosa es dar mayor visibilidad a los grupos tradicionalmente marginados o discriminados e incentivar una mayor diversidad en la deliberación pública, por ejemplo, mediante el fortalecimiento de medios públicos independientes. Y otra cosa, muy distinta, es que con este pretexto algunos Gobiernos pretendan copar todos los espacios de comunicación y convertirse en la única voz que puede ser escuchada. En este escenario pierden todos, la sociedad, las minorías políticas y especialmente los grupos marginados en cuyo nombre paradójicamente se suprimen las garantías para poder disentir.

Para la jurista, no puede existir la democracia sin libertad de expresión y explica que la democracia “no es simplemente ir a votar: para poder tomar una decisión, una condición indispensable es la deliberación. Sin ella no es posible ese proceso colectivo de elección de preferencias. Por lo tanto, es imposible el ejercicio de los derechos políticos. Las democracias no son solamente regímenes procedimentales a través de los cuales las personas eligen a sus mandatarios. Las democracias constitucionales suponen un mínimo de derechos para todas las personas que viven en esos Estados, y esos derechos corren peligro, sin duda, si no existe la posibilidad de vigilar lo que hacen los poderes públicos y privados, y de discutir abiertamente y controlar a través de estos procesos de control social, y sobre todo la prensa, lo que hacen estos poderes”.

Un Estado -dice Botero- “que prohíba la protesta social, que no establezca mecanismos de acceso a la información pública, en el que una persona puede ser enviada a la cárcel por decir o hacer algo que pueda ofender a un funcionario, o que pueda, literalmente, llevar a la bancarrota a un medio crítico para evitar que circulen informaciones incómodas, es un Estado en el cual será imposible que los grupos más desfavorecidos puedan salir a la calle, publicar sus críticas, cuestionar las políticas de Gobierno y exigir soluciones reales a sus problemas. Esa voz, que es su mejor instrumento, podrá ser fácilmente suprimida”, concluye.