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Señalan efecto inflacionario de nuevos impuestos

Representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) arremetieron contra 2 piezas legislativas que una vez más tocan el bolsillo del consumidor, en esta ocasión el proyecto que busca establecer un impuesto de 14¢ centavos por litro a los refrescos, bebidas y jugos (Proyecto de la Cámara 1844) y la medida que aumentaría de 2¢ a 3¢ centavos el impuesto al galón de combustible que se usa en el transporte aéreo (Proyecto de la Cámara 2005). Vea las fotos

“Una vez más la improvisación en la consideración de medidas, lleva a esta administración a perjudicar la industria local. La ineficiencia del gobierno no debe ser sufragada por la ciudadanía, estas medidas constituirían una carga adicional al consumidor en momentos en que la economía de Puerto Rico se sumerge en una crisis con todos los indicadores económicos en la negativa, estas medidas siguen aumentado el costo de la calidad de vida”, sostuvo la portavoz del PNP en la Cámara de Representantes, Jennifer González.

Aumento con efectos inflacionarios

“La condición de isla obliga a Puerto Rico a depender de la transportación marítima y aérea, así que todo impuesto que toque a estas industrias tendrá un efecto cascada significativo en la economía. La industria aérea es una de las más reguladas, tal es así que $60 dólares de un pasaje de $300 son desembolsados para sufragar diferentes impuestos a nivel federal. Dentro de esta industria el renglón de combustible es el más oneroso, representando un 35% del total de gastos”, indicó la pasada presidenta cameral.

González explicó que el aumento del impuesto al combustible usado en la propulsión de vehículos de transporte aéreo (jet fuel) le restaría competitividad a Puerto Rico en comparación con los países vecinos al reducir las paradas de abastecimientos de los aviones.

Este impuesto impactará el costo de los pasajes aéreos lo que hará menos atractivo la opción de visitar la Isla para turistas, tanto de placer como de negocios, esto provocará una merma en la ocupación hotelera, una disminución en las reservas de cruceros con base en la Isla, así como los negocios relacionados desde taxis, excursiones, comida, etc. “De qué vale fomentar el turismo si encarecemos el acceso a los servicios promocionados”, criticó la Portavoz.

“La propuesta del Ejecutivo en el P. de la C. 2005 es un claro golpe a una industria que ve incrementado sus costos que terminan asumiendo los consumidores. Cada centavo de aumento en el costo por galón de jet fuel representa un impuesto de $180 millones que se siguen sumando a los más de $2 billones en taxes legislados y propuestas en los pasados 18 meses”, indicó la expresidenta cameral.

Por su parte, el portavoz alterno del PNP, Carlos “Johnny” Méndez, señaló que el impacto de este nuevo tributo será encarecer los costos de los boletos aéreos para las miles de familias puertorriqueñas que buscan salir de la debacle económica que se vive en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

“Viajar de Puerto Rico hacia los estados o hacia cualquier parte del mundo va a ser más caro. A la larga lista de arbitrios, tributos, tarifas, contribuciones, aumentos y patentes, se suma este “chavito a la gasolina que terminarán pagando los consumidores, viajar a Vieques y a Culebra va a ser más caro gracias a esta legislación. Vaya manera de poner a la gente, primero”, sentenció Méndez.

Choque del Ejecutivo y Legislativo por el Refrescazo

En la vista pública de ayer donde se discutió el Presupuesto para el Año Fiscal 2014-2015, la Secretaria de Hacienda, Melba Acosta dejó ver que no recomendaba la aprobación del P. de la C. 1844 para el cuadre presupuestario aunque la medida destinaba un 50% al Fondo General.

“Entendemos lo loable de la intención original de la medida, sin embargo no podemos seguir imponiendo cargas económicas adicionales a la ciudadanía para cuadrar el presupuesto. Esta medida afecta doblemente a la clase trabajadora al incrementar los costos de productos de consumo y amenazar con la estabilidad laboral de esta industria. Ha quedado demostrado que no existe una correlación directa entre la imposición de taxes a las bebidas azucaradas y una disminución en los porcentajes de la obesidad infantil. ¿Por qué la insistencia con esta medida que industriales y manufactureros han rechazado? ¿Interesa la medida algún interés privado?”, cuestionó el representante Waldemar Quiles.

“Este impuesto del refrescazo ha sido rechazado por la gran mayoría de las personas que han depuesto en las vistas. Estamos hablando que hasta el propio Secretario de Educación, en su ponencia escrita, así como en la verbal, dijo que no se amerita imponerle al pueblo otra carga como esa. Claro, después vinieron las presiones y se echó para atrás, pero ahí está su ponencia claramente diciendo que se encuentra en contra de la medida”, dijo Quiles.

El expresidente de la Comisión de Hacienda también destacó que hasta la propia Melba Acosta dijo en vista pública celebrada ayer lunes que “en estos momentos no debemos cargar al pueblo con otro impuesto”, en referencia al P. de la C. 1844.

Llamado a proteger empleos

La Delegación del PNP en la Cámara hizo un llamado a los legisladores populares a tomar en cuenta las operaciones comerciales y empleos vinculados a la manufactura y distribución de bebidas en sus distritos representativos en la evaluación de la medida. Recordando que la producción de sirope en la Isla genera empleos que estarían en riesgo con la doble contribución que se aplicara al sirope y luego en la caja asumiendo ese costo el consumidor.

“Le recordamos a los compañeros de la delegación popular que sobre miles de empleos en Puerto Rico están atados a la manufactura y distribución de bebidas y jugos. Dichos empleos están distribuidos por todo Puerto Rico con operaciones manufactureras en pueblos como Cidra, Cayey, Mayagüez, Santa Isabel, San Juan, y centros de distribución en Sabana Grande, Hatillo, Ponce, Aguadilla y Juncos solo por mencionar algunos. Favorecer estos impuestos es matar tres pájaros de un tiro. Matan el bolsillo del pueblo, matan el desarrollo económico y matan los empleos de sus propios representados”, expresó la portavoz.

Los legisladores recordaron los efectos del «refrescazo» de 1991, impuesto también del Partido Popular Democrático que provocó crisis en la operación y ventas de la industria de las bebidas carbonatadas en la lista desembocando en la pérdida de miles de empleo con el cierre de la 7up, Royal Crown y Orange Crush.

 

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