PNP exige explicaciones ante posible conflicto de interés

El Secretario General del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Aponte Hernández, exigió hoy martes explicaciones concretas por parte del gobernador Alejandro García Padilla (PPD), sobre la función que ostenta el expresidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Jaime Ferrer, quien regresó a laborar en uno de los bufetes de abogados que mantiene contratos con el gobierno.

“Es bien irónico que se quiera mirar la paja ajena antes de mirar la suya. Este exfuncionario trabajo por muchos años en el bufete Pietrantoni, Méndez y Álvarez, LLC, una firma con gran influencia en todos los sectores del gobierno bajo las administraciones del Partido Popular Democrático. Luego García Padilla lo designa a presidir el BGF y éste renuncia en menos de seis meses a su cargo y vuelve a trabajar en la mencionada firma legal, una que tiene sobre medio millón de dólares en contratos que pueden ser influenciados por las decisiones del BGF”, dijo el líder estadista mediante de un comunicado de prensa.

Las expresiones de Aponte Hernández se dan luego de que el representante del PPD, Ángel Matos García pidiera explicaciones ayer al presidente del PNP, Pedro Pierluisi sobre si apoya el que exfuncionarios de la pasada administración, ahora trabajen en empresas a las que beneficiaron con contratos.

Lea además: Piden reacción de Pierluisi a decisiones de Ética Gubernamental

Ferrer, quien renunció a su cargo el 19 de junio de 2013, regresó a trabajar en Pietrantoni, Méndez y Álvarez; bufete que tiene tres contratos activos (cinco en total desde enero de 2013) con la administración de García Padilla, incluyendo uno de $200,000 dólares (Número de Contrato 2014-000008 de ½ al 6/30/2014) con la Autoridad de los Puertos. A este se le suma uno de $60,000 dólares (2014-00008A) otorgado el 6 de noviembre de 2013 y otro de $90,000 dólares, firmado el 1 de julio de 2013.

Además de los contratos con la Autoridad de los Puertos, el bufete donde labora Ferrer mantiene contratos con la Universidad de Puerto Rico (UPR) por $100,000 dólares (2014-000036).

“Si vamos hablar de este tema, tenemos que hablar con la verdad. Esta acción de Ferrer es muy sospechosa y requiere que se revisen todos los protocolos de contratación en el gobierno. Este es un caso de un exfuncionario que tenía un inmenso poder, como presidente del BFG, trabajado con un bufete que se beneficia del gobierno a través de entidades como la Universidad y la Autoridad de Puertos, ambas ligadas e influenciadas estrechamente por las decisiones del Banco”, sentenció Aponte Hernández.