Administración de Tribunales debe $35 millones en rentas atrasadas

La Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) le debe $35 millones de dólares en rentas atrasadas a la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), mientras que el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe le debe $16 millones a la agencia, también en rentas atrasadas.

La Directora de la Oficina de la Contraloría de la AEP, Iris Dosal, informó hoy al Senado que la deuda de la OAT data de hace unos diez años y actualmente existe una disputa legal. “Tribunales paga una renta que ellos estiman debe ser el canon de arrendamiento. Mientras OAT les factura aproximadamente $12 millones al año, Tribunales tan sólo paga la mitad de esa cantidad”, dijo Dosal. El segundo deudor de la AEP es el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe y los otros principales deudores son la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), con $6 millones, y el Municipio Autónomo de Ponce, con $5 millones.

La información trascendió en una vista pública de la Comisión de Relaciones Laborales, Asuntos del Consumidor y Creación de Empleos del Senado, que preside el senador Luis Daniel Rivera (PPD), en la que se consideró la Resolución del Senado 662, de la autoría del portavoz de la Mayoría, Aníbal José Torres (PPD), que ordena realizar una investigación sobre el uso de horas extras en todas y cada una de las corporaciones gubernamentales, a los fines de identificar las causas que provocan tal gasto público, o la necesidad de contratar empleados regulares para tales tareas.

Por otra parte, el senador Rivera comentó que en las vistas públicas que se han celebrado sobre la Resolución del Senado 662, “en algunos de ellos, el pago de horas extras en las corporaciones públicas es por la necesidad de ampliar la planilla laboral y otros donde las agencias o corporaciones se han visto afectadas por la vigencia de las leyes 7, 70 y la 3, que le ha producido unas vacantes”.

“Hemos detectado casos en donde quizás hay un problema de supervisión. Otros, donde hay un híbrido; pudiera haber un híbrido entre esos problemas de supervisión y la necesidad de reclutamiento. En la segunda vista tuvimos la oportunidad de ver una nueva causa que nos impresionó mucho, que es el caso específico de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA)”, aseguró el senador por el Distrito de Carolina.

“En el caso de la AMA, en algunos casos es la necesidad de reclutamiento, pero en particular es la cantidad de camisas de fuerza que tiene su convenio colectivo, que fue negociado en algún momento y que lamentablemente en algunos casos son las causas económicas, como algunas cláusulas no parecen ser económicas, pero provocan por lo que establecen efectos varios detrimentos económicos para la corporación. En la AMA tiene un gasto de $86 millones y solo genera por ingreso propio, $5 millones. Eso no va a tono con el que es una corporación pública”, sostuvo Rivera Filomeno.