Piden investigar impacto fiscal de incentivos de inversión extranjera

El representante del Partido Popular Democrático (PPD), Carlos Vargas Ferrer radicó en el día de hoy la Resolución de la Cámara 967, que ordena investigar el impacto fiscal que ha tenido la Ley 22-2012, conocida como la “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”, y la Ley 20-2014, conocida como “Ley de Reinversión de Capital de Puerto Rico” porque, a su juicio, ambas leyes no ha tenido el efecto deseado en nuestra economía y es necesario hacerles los ajustes que estimulen el crecimiento económico del país y garantizar que las concesiones contributivas que se hagan a industrias particulares sean de beneficio para el país y auxilien la merma en los recaudos del fisco.

La Ley 22–2012 fue aprobada a los fines de fomentar el desarrollo económico en la Isla, tomando en consideración que Puerto Rico atraviesa por una profunda recesión económica. Particularmente, esta Ley provee para que individuos que no hayan sido residentes de Puerto Rico por al menos los últimos quince años y que establezcan su residencia en Puerto Rico, tengan una total exención contributiva del ingreso pasivo devengado respecto a sus inversiones.

“Esta concesión contributiva a pesar de no tener un impacto fiscal inmediato, al no envolver la erogación de fondo público alguno, si representara una reducción significativa en los recaudos del Departamento de Hacienda de estos inversionistas establecerse en Puerto Rico. Esto convierte a Puerto Rico en una especie de refugio contributivo comparable con los beneficios que recibían empresas foráneas acogidas a la antigua Sección 936, y en estos momentos que Hacienda señala estar por debajo de los recaudos estimados por $400 millones, aproximadamente, debemos mirar esta legislación antes de aventurarnos a promover medidas de recaudos que puedan lesionar nuestra débil economía”, puntualizó el legislador.

Se esperaba con la aprobación de esta medida, que el grupo de inversionistas que se estableciera en Puerto Rico generaría una actividad económica mayor a la cantidad de recursos que se estarían dejando de recaudar en contribuciones. No obstante, según el Informe de Situación Económica del 2013, presentado por el Gobernador, muestra que para el 2013 la inversión interna bruta en términos corrientes totalizó $9,982.9 millones, lo que representa una reducción de 5.3 por ciento en relación con el año fiscal 2012.

“A esta fecha, según la información disponible, la Ley 22, no ha generado el nivel de inversión proyectada vis a vis, los recaudos que el fisco dejó de recibir producto de la total exención contributiva que provee la Ley. Es precisamente por eso, que debemos investigar el efecto de esta Ley y analizar cualquier enmienda que propicie mayores recaudos para el erario”, resaltó el legislador.

Por otro lado, este año se aprobó la Ley 20-2014, conocida como “Ley de Reinversión de Capital de Puerto Rico”, con la finalidad de modificar el trato contributivo que gozan los fideicomisos de inversión en bienes raíces, al considerar la compra de propiedades reposeídas para convertirlas en propiedades para alquiler con opción a compra como una actividad elegible para los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces.

“El mercado de bienes raíces, según lo muestra el Informe de Situación Económica, ha reflejado un aumento sostenido por los últimos 3 años y se proyecta que para el 2014 haya un incremento de $1.25 millones en la inversión de nuevos proyectos. No obstante, aún no queda claro el efecto que ha tenido la aprobación de esta Ley en el mercado de propiedades que han sido reposeídas o están en vías de ejecución y por ello es importante saber su resultado”, indicó Vargas Ferrer.