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Presentan querella contra gobierno estatal y federal por violación de derechos civiles

El portavoz de la organización Boricua ¡Ahora Es!, Ricardo “Ricky Rosselló radicó una querella contra los gobiernos de Barack Obama y de Alejandro García Padilla (PPD) ante la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos. La misma busca que se respeten los resultados del plebiscito de status del 6 de noviembre de 2012. Vea las fotos

 Rosselló formalizó hoy una querella que establece que los resultados del plebiscito fueron claros e inequívocos, “Las acciones del Gobierno Federal y el local, no tan solo van en contra de la Constitución de Estados Unidos y la jurisprudencia federal, sino que también violentan la Resolución 1514(XV) de las Naciones Unidas, sobre la libre Determinación de los Pueblos Coloniales, firmada y ratificada por los Estados Unidos. Un 53.97% de los puertorriqueños rechazó el Estado Libre Asociado y el 61.16% favoreció la Estadidad como alternativa descolonizadora”, reza la querella.

La querella presentada hoy por el líder estadista destaca los resultados del plebiscito, en el que la opción del “NO” en cuanto al ELA, con 970,910 votos, obtuvo sobre 81,000 votos más que el propio Gobernador García Padilla. “El pueblo escogió la Estadidad en la segunda pregunta y ese resultado tampoco ha sido atendido con la importancia que requiere. Fue un proceso donde hubo un 78.19% de participación, convirtiéndose en una participación histórica si la comparamos con otras consultas realizadas”, continúa leyendo la querella.

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     En el documento también se alega que “nadie puede pasar por alto este proceso democrático donde la opción del “NO” ganó en 39 de los 40 distritos representativos, en los 8 distritos senatoriales y 64 de los 78 municipios. El nivel de participación, junto con el resultado en la segunda pregunta, donde los puertorriqueños votaron ampliamente por la Estadidad, demuestra que el pueblo, de forma clara, rechazó el continuar sujeto a los poderes plenarios del Congreso de los Estados Unidos bajo el estatus territorial”, destaca la querella al señalar que a pesar de que Puerto Rico tiene, desde el 1952, su propia constitución, el Congreso de los Estados Unidos no ha cedido sus poderes plenarios bajo la Cláusula Territorial de la Constitución de los Estados Unidos”.

    Asimismo, se menciona en la querella que en la segunda pregunta el 61.16% de los puertorriqueños favorecieron la Estadidad, ganando en todos los distritos senatoriales y representativos. Sin embargo, el Gobernador Alejandro García Padilla viola los derechos civiles de los puertorriqueños, no solo negándose a reconocer los resultados del plebiscito, sino que también ha realizado acciones afirmativas en contra de la voluntad de la voluntad del pueblo.

    “Alejandro García Padilla, utilizando fondos públicos y a través de PRFAA, ha contratado cabilderos para promover una agenda en contra de los resultados del plebiscito, no sólo ignorando la voluntad del pueblo, sino obstaculizando que la misma sea respetada a nivel federal. Los líderes legislativos del Partido Popular Democrático con la aprobación de la Resolución Conjunta Núm. 41 de la Cámara de Representantes y la Resolución Conjunta Núm. 24 del Senado, no solo han rechazado reconocer los resultados del plebiscito, sino que aprobaron la creación de una Comisión para evaluar convocar una Asamblea Constitucional de Estatus, claramente en contra de lo expresado por el pueblo. Estas acciones van directamente en contra de la prohibición constitucional del uso de fondos públicos para fines privados, ya que le política pública en cuanto a estatus la determinó el pueblo de Puerto Rico mediante su voto directo el pasado 6 de noviembre de 2012”, acotó Rosselló.

    En al menos dos ocasiones, el gobernador ha rechazado reconocer los resultados del plebiscito y tan recientemente con el 29 de abril de 2014, en su mensaje de situación de Estado, solicitó a la Comisión para la Asamblea Constitucional evaluar realizar otro Plebiscito, ignorando la expresión democrática del pueblo.

    Rosselló acusó al Presidente y al Congreso de Estados Unidos de violar los derechos civiles de los puertorriqueños al no reconocer los resultados del plebiscito. “Llevar a cabo un segundo plebiscito no solo violenta la constitución de los Estados Unidos, sino que también viola el derecho al voto de los puertorriqueños establecido por la jurisprudencia federal. En ningún lugar de la Constitución de los Estados Unidos establece que es necesario un plebiscito con el aval del Congreso Federal para que un territorio pueda ser admitido como Estado. La jurisprudencia local ha establecido que solo procede una nueva elección solo cuando no se pueda determinar claramente un ganador (Granados Navedo vs. Rodríguez Estrada, 123 PRSC 1. (1988). Los resultados del Plebiscito claramente demuestran que el Pueblo rechazó el ELA y escogió la Estadidad”, indicó.

    A nivel federal, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha determinado que el derecho al voto es “un derecho fundamental” ya que es la “esencia y la base de la democracia, que no es otra cosa que el Gobierno de la Gente. (Wesberry v. Sanders, 376 U.S. 1, 17 (1964); U.S. Term Limits, Inc. v. Thornton, 514 U.S. 779, 821)

    El Grupo de Trabajo del Presidente de los Estados Unidos sobre Puerto Rico, estableció, en marzo del 2011, que Puerto Rico no podía continuar con su relación actual con los Estados Unidos y que se deben realizar plebiscitos hasta que el pueblo decidiese entre la Estadidad, la Libre Asociación y a la Independencia. Esto fue lo que ocurrió el 6 de noviembre del 2012.

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