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Acusan al nuevo Superintendente de dar trato preferencial a Pablo Casellas

La representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), María Milagros Charbonier, exigió hoy lunes explicaciones concretas al nuevo designado Superintendente de la Policía de Puerto Rico, José Caldero, por su alegada participación en rearmar al convicto de asesinato en primer grado y violación a ley de armas, Pablo Casellas, quien es militante del Partido Popular Democrático (PPD).

“Este es un asunto de gran importancia para el pueblo de Puerto Rico. Hoy le estamos exigiendo a la persona que el gobernador Alejandro García Padilla seleccionó para dirigir a la uniformada a que explique su rol, concretamente, en rearmar a Pablo Casellas cuando a este le quitaron sus armas por conducta impropia. El nominado tiene que explicarle al país el trato preferencial que le brindó a Casellas. No puede haber titubeos aquí”, sentenció la legisladora estadista mediante un comunicado de prensa.

Charbonier citó información que ha transcendido en los medios en los que se alega que Caldero instruyó a que se le devolviera la licencia de portar armas a Casellas en un proceso que catalogó como altamente irregular y que no se suscribió a lo estipulado en el manual de procedimiento de la policía.

“Estamos ante un patrón de abuso de poder. Aquí se utilizó influencias para favorecer a los amigos del alma. Recordemos que Caldero fue la persona que estuvo asesorando en seguridad pública al Alcalde de Caguas, la región de mayor incidencia criminal en toda la Isla. Una persona que se comporta como este excoronel se ha comportado, ¿debería ser considerada para liderar la Policía en estos tiempos? García Padilla tiene mucho que explicar aquí”, comentó la también exsecretaria general de la Palma.

El 6 de febrero de 2007, el entonces Superintendente Auxiliar en Servicios al Ciudadano, oficina que tiene a su cargo el otorgar y revocar las licencias de armas de fuego, José Marrero Ruiz; envió una carta a Casellas indicándole la orden de remoción de su licencia de armas (no. 7557) y el permiso de tiro al blanco (no. 14499), según se estipula en el Artículo 2.02, Sección (b), así como el Artículo 2.11 de la Ley de Armas de Puerto Rico.

En dicha carta se le presentó a Casellas la opción de solicitar una vista administrativa si se encontraba inconforme con la decisión. La misiva fue firmada por Marrero Ruiz.

“Extrañamente, al día siguiente, Herman J. Wirshing, jefe de alguaciles federales y amigo cercano a la familia Casellas, así como del propio Caldero, le suscribe una comunicación, a puño y letra, al ahora nominado expresándole su disponibilidad para eliminar la orden de revocación”, indicó la legisladora.

Para Charbonier, levanta mucha sospecha que apenas días después de la comunicación entre el agente federal y Caldero, la Superintendencia Auxiliar circulara otra carta, esta vez asegurando que Casellas no tiene “impedimento alguno por el cual no pueda seguir disfrutando del privilegio antes concedido”.

A diferencia de la primera, Marrero Ruiz no firma esta misiva.

“Tenemos que preguntarnos por qué no se hizo el proceso a través de una vista administrativa como estipula el propio reglamento de la policía. ¿Por qué Marrero Ruiz no firma la segunda carta a Casellas? ¿Caldero López, se fue por encima del proceso y con qué objetivo? ¿Siguió instrucciones de García Padilla para rearmar a Casellas? ¿Quién le brindo esas directrices? Estas son algunas de las interrogantes que el pueblo quiere respuestas”, añadió la representante por acumulación.

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