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Reclaman a García Padilla unirse a demanda contra UBS

Existe la posibilidad de recuperar $800 millones de dólares para ingresarlos a las arcas del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico sin imponer un solo arbitrio para la clase media y trabajadora y lo único que falta es la voluntad del gobernador Alejandro García Padilla (PPD) para reclamarlos, sentenció la representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Lourdes Ramos.

Ramos fue enfática en denunciar que la alegada inacción del presente gobierno en medidas asertivas, ha sido el peor lastre en rescatar las finanzas del País.

La legisladora recabó que el Primer Ejecutivo se una a la demanda incoada por Pedro J. Nazario Serrano y su esposa Juanita Sosa Pérez contra las Casas de Corretaje, intermediarios, oficiales de la misma y miembros de la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro, a los que acusan de fallar en su labor fiduciaria, incumplimiento de contrato en proveer el asesoramiento adecuado, para evitar que la emisión de $3,000 millones en bonos bajo el gobierno de Aníbal Acevedo Vilá (PPD), perjudicara las finanzas del sistema.

Ramos acusó a García Padilla de hacerle la promesa de considerar sus proyectos para salvar el Retiro del ELA sin gravar el bolsillo de la familia puertorriqueña para luego ignorarla, lo invitó “a dejar su testarudez y respaldo a los grandes intereses”, para apoyar este reclamo que se ventila en el Tribunal Superior de San Juan.

“Que haga bueno su llamamiento de que nos unamos para salvar a Puerto Rico, y ordene de inmediato que su Administración se una como parte demandante para rescatar cuando menos $800 millones, de quienes son los verdaderos responsables de la debacle fiscal de Retiro y que llevó a la bancarrota al gobierno”, aseveró la legisladora estadista.

Acompañada por los demandantes referidos en el Caso K AC2011-1067, Ramos fue informada que el pasado 14 de febrero, el Tribunal Supremo declaró un no ha lugar a la petición de certiorari de UBS Financial Services, UBS Consulting Services of PR, Samuel Ramírez & Co., Santander Securities y oficiales del Sistema de Retiro del ELA, que buscaban que no se le reconociera legitimación activa a los demandantes para reclamar daños en este caso.

De hecho, para el 14 de marzo de 2013, la jueza superior Rebecca de León Ríos había desestimado la demanda sin perjuicio al no reconocerle legitimación activa a los demandantes, pero sí al gobierno de Puerto Rico. No obstante, explicó Ramos, al recurrir en alzada ante el Tribunal de Apelaciones, el 30 de agosto pasado, el panel integrado por los jueces Ramírez Nazario, Rodríguez Casillas y Carlos Cabrera, revirtió la decisión y reconoció los fundamentos de legitimación de unos ciudadanos pensionados, reclamando sus derechos como tales.

Continúa luego del siguiente anuncio:

La líder estadista dijo que la emisión sin aval legislativo que se produjo en Retiro bajo el gobierno de Acevedo Vilá obliga anualmente al pago de $167 millones de dólares en intereses, sin contar con el ingreso recurrente de las acciones que retuvo el gobierno con la venta de la Telefónica las cuales estaban destinadas a añadirles ingresos al sistema y que fueron vendidas bajo los gobiernos populares del 2000 al 2008.

La legisladora presentó una tabla, producto de una investigación la cual arrojó que al culminar la gestión pública del gobernador Pedro Rosselló (PNP) en el 2000, el déficit en caja de Retiro era de $17 millones de dólares, y se disparó a $380 millones al culminar el mandato de Acevedo Vilá.

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Como apoyo a su reclamo, Ramos puso a disposición del Gobernador el fruto de largos meses de investigaciones que realizó sobre estas situaciones, y que fueron referidas a la Fiscalía Federal y a la Comisión Federal de Intercambio de Valores.

“Aquí está la verdad detrás de la debacle de Retiro, que obligó a la degradación del crédito del gobierno. Yo invito a García Padilla a convertirse en el héroe que él soñó y que no le tenga miedo a meterle mano a los grandes intereses. Es hora ya de defender a las verdaderas víctimas de este desastre fiscal que son los empleados públicos y jubilados del gobierno”, culminó diciendo Ramos.

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