Más leyes inservibles

Nuestros fabulosos legisladores vuelven a la carga.

Hoy, Urayoán Hernández Alvarado propuso un programa donde todo automóvil vendido en Puerto Rico tendría un dispositivo para el rastreo del mismo de ser hurtado. Algo así como un LoJack, que es un servicio privado por el cual uno paga. Suena fabuloso, pero al ser compulsorio, este programa choca con la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos (SCOTUS por sus siglas en inglés) en U.S. v. Jones, 132 S. Ct. 949 (2012).

En este caso, la policía de Washington D.C. y el FBI pidieron una orden para poner un GPS en el automóvil del Sr. Jones pero no lo hizo hasta que la misma expiró. No reanudó su petición pero el GPS grabó los movimientos del vehículo por 28 días. Esta documentación fue usado por fiscalía federal para enjuiciar al Sr. Jones. El caso llegó al SCOTUS quien unánimemente decidió que dadas las circunstancias, fue recolectada en violación de la 4ta Enmienda a la Constitución Federal ya que no había mediado una orden válida para el rastreo.

Este caso ha sido utilizado para determinar que no son válidos registros sin orden bajo las excepciones de Terry v. Ohio, 392 U.S. 1 (1968) tales como circunstancias especiales o causa probable, ver, U.S. v. Katzin, de octubre de 2013 del Tercer Circuito. Otros casos que discuten la privacidad en la era digital, ver, City of Ontario v. Quon, 130 S. Ct. 2619 (2010); Safford Unified School Dist. No. 1 v. Redding, 557 U.S. 364 (2009) y U.S. v. Wurie, 728 F.3d 1 (1st Cir. 2013), este ultimo pendiente de revisión por el SCOTUS.

Legisladores, antes de proponer legislación, oriéntense por el amor de Dios. Para algo tienen asesores pagos por el Pueblo.