Brasil: Demasiados presos y falta de cárceles

La población carcelaria brasileña ha crecido en casi un 30% durante los últimos cinco años, según el Informe Mundial divulgado en enero por la Organización No Gubernamental (ONG) Human Rights Watch (HRW).

Un total de 548,003 adultos están encarcelados en todo el país en un sistema que sólo tiene espacio para 318,739 reclusos en prisiones, cárceles y comisarías, según el Ministerio de Justicia de Brasil.

Un ejemplo de tal sobrepoblación se encuentra en el estado de Maranhão, donde 4,209 reclusos están cumpliendo penas impuestas por tribunales en régimen cerrado o semiabierto, o bien esperando juicio, en un sistema diseñado para albergar a 2,219.

Las consecuencias pueden ser trágicas. En el Complejo Penitenciario de Pedrinhas en la capital estatal de São Luís, se han registrado 64 muertes desde el año pasado. Y, a pesar de haberse decretado en diciembre el estado de emergencia en el sistema penitenciario, cuatro de estas muertes ocurrieron este año.

Los reclusos de Pedrinhas, que reúne ocho unidades penitenciarias, también son sospechosos de haber ordenado ataques a delegaciones de policía y autobuses públicos en el estado. Uno de estos ataques resultó en la muerte de una niña de 6 años, Ana Clara Santos Souza, en enero.

La caótica situación llevó a que el 13 de enero la corte ordenara al estado la construcción de nuevas prisiones y la contratación de nuevos funcionarios de prisiones dentro de un plazo de 60 días.

El gobierno de Maranhão ha admitido que no pudo cumplir con el plazo (del 14 de marzo), pero ha anunciado la apertura de nuevas prisiones.

Entre las obras en ejecución están las prisiones que se construyen actualmente en los municipios de Imperatriz (con una capacidad de 240) y Coroatá (con una capacidad de 221), las cuales serán inauguradas en abril y mayo, respectivamente.

Se espera que abra en junio la nueva prisión de máxima seguridad en São Luís, que tendrá una capacidad de 435. Para finales del año, se espera que estén finalizadas las renovaciones y ampliaciones del Complejo Penitenciario de Pedrinhas (capacidad de 500) y la construcción de prisiones en otras cinco ciudades, para una capacidad total de 1,536 reclusos.

Para estas prisiones han sido reclutados alrededor de 120 funcionarios penitenciarios.

La construcción de nuevas prisiones y las mejoras en la infraestructura penitenciaria constituyen medidas necesarias, pero las mismas no son suficientes, según estiman los expertos.

“En el corto plazo, se requiere una inversión significativa en la infraestructura penitenciara existente para permitir que la población penitenciaria sea tratada con el respeto y la dignidad que merecen todos los seres humanos”, dijo Maria Laura Canineu, directora de HRW para Brasil. “Un sistema de justicia más eficiente también es esencial para impedir la sobrepoblación y garantizar que se respete el derecho a un juicio rápido”.

El alto número de reclusos en espera de juicio ha sido identificado como una de las causas de la sobrepoblación, ya que 200,000 del total de 548,003 reclusos en el país todavía no han comparecido en tribunales.

“El encarcelamiento debería ser el último recurso, pero aquí en Brasil se ha convertido en la primera opción. Existe la idea de que el castigo significa ser enviado a la cárcel”, expresó César Oliveira de Barros Leal, fiscal del estado de Ceará, quien a la vez es presidente del Instituto Brasileño de Derechos Humanos.

La situación es tan grave que representantes de las ONG Justiça Global, Conectas y Sociedade Maranhense de Direitos Humanos se presentaron ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 10 de marzo para denunciar las muertes en Pedrinhas.

El mes pasado, Canineu fue a Brasil para reunirse con representantes del gobierno federal y sugerir algunos cambios al sistema. Uno de ellos sería que los jueces revisaran regularmente la legalidad de mantener a los reclusos en prisión y monitorearan el cumplimiento de la sentencia contra cada individuo.

“En la reunión también discutimos la necesidad de que el estado retome el control de las prisiones”, afirmó Canineu. “En la práctica, muchas de ellas son controladas por los reclusos”.

Innovaciones en Minas Gerais

En medio de tantos problemas, el gobierno de Minas Gerais ha tomado un iniciativa innovadora. El año pasado, la ciudad de Ribeirão das Neves abrió un Complejo Penitenciario manejado como una Alianza Pública-Privada entre el estado y el sector privado.

Basándose en un modelo usado en Inglaterra, el consorcio Gestores Prisionais Associados es responsable de construir y manejar el complejo, incluyendo la prestación de atención médica y dental, asistencia legal, comidas y uniformes para los reclusos.

Por otra parte, el estado mantiene su papel constitucional en el área de la seguridad pública y sigue siendo responsable de la supervisión de los servicios y de la seguridad fuera del complejo penitenciario.

“En situaciones de crisis, confrontación o rebelión, el estado es responsable de la intervención inmediata a través de su Grupo de Intervención Rápida, formado por agentes entrenados para este propósito y que están a disponibilidad las 24 horas en el complejo”, explicó Murilo Andrade de Oliveira, subsecretario de Administración Penitenciaria de Minas Gerais. “Por lo tanto, la gestión de la seguridad no es transferida al concesionario”.

Las inversiones realizadas por el consorcio privado suman un total de $144.27 millones de dólares. La contribución aportada por el estado llega a alrededor de $1,188.10 mensuales por recluso.

El Complejo Penitenciario Público Privado tiene dos unidades en operación. Para el 2015 habrá cinco, con una capacidad total de 3,360 reclusos de sexo masculino.

Las Asociaciones para la Protección y Ayuda a Convictos (APAC) son otro experimento de Minas Gerais que ha sido catalogado como un éxito por los expertos.

Con una capacidad de entre 100 y 150 reclusos, las APAC son dirigidas y mantenidas por la comunidad y operan bajo supervisión de los tribunales.

La selección de reclusos para las APAC se basa en tres criterios: el interés del recluso en cumplir su condena en una APAC; la recomendación de un juez, basada en los antecedentes criminales del recluso; y la posibilidad de transferir reclusos de buena conducta desde otras instalaciones correccionales.

Minas Gerais tiene 32 APAC.

“Para mejorar el sistema penitenciario brasileño, necesitamos un cambio en la cultura y en las políticas públicas”, expresó Leal. “Ejemplos como los de las APAC deben ser reproducidos”.

A nivel federal, se están realizando mayores esfuerzos para aumentar la capacidad del sistema carcelario. El Departamento Penitenciario Nacional del Ministerio de Justicia tiene 100 contratos por un valor total de $510 millones de dólares para la construcción, ampliación y renovación de unidades penitenciarias en todo el país, a fin de aumentar la capacidad en 47,419 reclusos para finales del 2014.

Las inversiones forman parte del Programa Nacional de Apoyo del Sistema Penitenciario, lanzado por el ministerio en el 2011, el cual busca reducir el número de reclusos en comisarías a través de la construcción y ampliación de prisiones públicas.