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Casandra era hija de Hécuba y Príamo, reyes de Troya. Apolo le dio el don de la profecía a cambio de su amor. Pero cuando ésta le traicionó en su amor, Apolo la maldijo, dejándole el don de decir y anticipar la verdad, pero condenándola a que nadie le creyese. Casandra en varias ocasiones anuncio la caída inminente de Troya, pero nadie le creyó.

Igual que Troya, Puerto Rico se pregunta hoy, ¿Cómo llegamos a dónde estamos? ¿Se pudo evitar? ¿Alguien nos los advirtió? En las últimas semanas la contestación a esta pregunta ha sido la más acomodaticia y simplista: no señalar a nadie y responsabilizar a todos. En un afán de lucir totalmente apolíticos y neutrales (casi a lo don Eleuterio,… neutraaaaaal…), políticos y analistas, economistas y comentaristas, contestan a esta interrogante repartiendo culpas genéricas, sin profundizar ni analizar los hechos y los datos que hay disponibles. Es una especie de “Fuenteovejuna”. No obstante, si queremos que Puerto Rico salga de esta crisis, primero hay que entender bien lo que nos llevó a ella y reconocer quién nos advirtió y cuándo fuimos advertidos. Solo de esta forma aprenderemos nuestras lecciones. Si no lo hacemos pronto, me temo que volveremos a repetir los errores del pasado.

En el análisis superficial que se ha estado haciendo, se ha caído en el extremo de decir que el problema ha sido tomar prestado, pero la realidad es que ese no es el problema ni la causa de la crisis que enfrenta el País. Todos sabemos que tener crédito y tomar prestado es una forma de mejorar la calidad de vida de una familia, de echar hacia adelante un negocio y de hacer que un país progrese. El que toma un préstamo hipotecario para comprar su casa no está haciendo algo incorrecto, por el contrario, está invirtiendo en su futuro y en el futuro de su familia. Casi ninguna persona puede abrir un negocio pequeño, construir un hotel, un hospital, o establecer una fábrica, sin tomar dinero prestado. De hecho, cuando se escucha que alguien compró una casa en efectivo, se levantan banderas rojas, casi inmediatamente y algunas personas tendemos a especular si no estaremos ante alguien que está lavando dinero.

De manera que el problema para una familia, un comerciante, un empresario, el gobierno o un país no está en tomar dinero prestado, sino en gastar más de lo que tiene y en seguir tomando prestado ignorando los números verdaderos y la situación financiera real. Es como cuando para complacer a un hijo o una hija, la familia accede a comprarle un carro que no se puede pagar. O cuando se compra una casa de playa contando con ingresos sobre los cuales no se tiene certeza. O como cuando se compra una casa de campo pidiéndole la firma a un pariente y se le dice, “no te preocupes, esto es solo pro forma”.

En materia financiera, los Gobiernos de Puerto Rico actuaron con mucha responsabilidad hasta el 1992. Recuerdo que en ese último cuatrienio de Rafael Hernández Colón como gobernador, cuando yo era asesor en asuntos legislativos y el querido amigo José “Pepito” Alonso era el director de la Oficina de Presupuesto y Gerencia, al momento de firmar el presupuesto para el año 1991-92, Pepito concluyó que había un descuadre de unos $50 millones y la decisión del Gobernador fue que había que reducir todas las partidas mediante el mecanismo de veto de línea hasta llegar a un recorte por esa cifra y así se hizo.

Desafortunadamente, esa responsabilidad fiscal comenzó a cambiar, para mal, cuando en un debate de candidatos a la gobernación en 1992, Pedro Rosselló habló de su propuesta para crear la tarjeta de salud y prometió libre selección de médicos privados con cobertura completa incluyendo medicinas y laboratorios. En aquél momento, la candidata del Partido Popular Democrático, Victoria Muñoz, dijo claramente, “eso no se puede”. Victoria no dijo, “eso no me gusta” o, “si eso se hace, será malo para la gente”. Dijo, “eso no se puede porque nos va a llevar a la quiebra, porque Puerto Rico no tiene el dinero para hacerlo”. En otras palabras, Rosselló estaba prometiendo al hijo un BMW, cuando el sueldo de la familia para lo que daba era para un KIA. Lo que ha pasado después es historia. La mayoría de los puertorriqueños no la escucho o no le quiso creer y el “sí se puede” de Rosselló se convirtió no, meramente, en un slogan de campaña, sino en un dogma y una forma de gobernar y administrar los bienes pública, del cual ha sido muy difícil escapar. A partir de ese momento, la búsqueda del bien común quedó atrás para satisfacer gustos que Puerto Rico no podía pagar. Con el “sí se puede” que comenzó Rosselló se asumió como un mantra del financiamiento público, “la última que la pague el diablo”. Y la verdad es que no hay tal cosa y ahora lo estamos viviendo.

La tarjeta de salud comenzó a la expectativa de que en ese cuatrienio el Presidente Bill Clinton aprobara una reforma de salud a nivel federal que le inyectase cientos de millones de dólares al sistema de salud de Puerto Rico, pero eso reforma nunca se aprobó. No obstante, el “sí se puede” de Rosselló lo llevó a iniciar el programa con una línea de crédito secreta de más de $200 millones del Banco Gubernamental de Fomento. La transacción la descubrí yo cuando era legislador de minoría y estaba escudriñando el presupuesto sometido por Rosselló. Hasta ese momento, nunca antes en la historia de la administración pública de Puerto Rico se había iniciado un programa operacional (que equivale a un gasto y no a una inversión de mejoras permanentes en infraestructura) con una línea de crédito de esa magnitud, sin que la Asamblea Legislativa la hubiese autorizado y sin identificar su fuente de pago. Así fue como nació la llamada “deuda extraconstitucional”, que no es otra cosa que una deuda que se asume y que no está garantizada por los bonos que cobija nuestra Constitución. Antes de Rosselló, eso nunca existió en Puerto Rico. Ni Muñoz Marín, ni Sánchez Vilella, ni Ferré, ni Romero Barceló, ni Hernández Colón, hicieron algo como eso.

Es decir, que desde sus inicios, el Gobierno de Puerto Rico NUNCA ha tenido en NINGÚN año fiscal los recursos necesarios para financiar los costos de la tarjeta de salud. Cuando Sila Calderón fue gobernadora y depuró la listas de participantes para excluir personas que no cualificaban y tratar de controlar el gasto, la demagogia del “sí se puede” la acribilló políticamente. Cuando me tocó a mí gobernar, intenté poner deducibles pequeños para controlar el gasto y prevenir la sobre utilización, pero la demagogia del “sí se puede”, atrincherada en la Asamblea Legislativa que controlaba el PNP y con el propio Pedro Rosselló en el Senado, lo impidió. Y me apena decirlo, pero mi recuerdo es que ninguna de esas dos medidas de reducción de gastos recibió respaldo en la discusión pública y muchas de las personas que he escuchado recientemente decir que nos habían advertido lo que iba a suceder con nuestras finanzas, en aquellas instancias no alzaron su voz a favor.

Pero la crisis no es sólo por la tarjeta de salud. La mayoría de los puertorriqueños, al optar por no creer en la verdad que nos dijo Victoria Muñoz en 1992, viabilizó otra serie de iniciativas y proyectos gubernamentales, que al igual que la tarjea, recibieron muchos aplausos, pero no tenían una fuente recurrente de financiamiento. En los ocho años de la gobernación de Pedro Rosselló:

1. Se vendieron los hospitales y los CDTs públicos a precio de descuento, pero el gobierno central se quedó con la deuda en que se había incurrido para construirlos (esto es como si usted vendiera hoy su casa por debajo del precio de tasación y para colmo, se quedara pagando la hipoteca, es decir, con la deuda pero sin casa).

2. Se privatizó la administración de la AAA, llevándola a la quiebra y a que tuviera que funcionar con subsidios del gobierno central y con líneas de crédito que en esos ocho años no se pagaron ni se dejaron los recursos para pagarlas en el futuro. La crisis que hoy tiene la AAA comenzó en ese período.

3. El Tren Urbano, que originalmente iba a costar mil millones de dólares, terminó costando más del doble. Y contrario a lo que la mayoría de gente cree, el tren no se construyó totalmente con fondos federales. El gobierno de Puerto Rico, particularmente la Autoridad de Carreteras, tuvo que asumir gran parte de ese costo. Pero en lo que se convirtió en la norma, durante los años de Rosselló, no se pagó por la construcción y le correspondió a los próximos gobiernos hacer las emisiones de bono para pagarlo. Todavía hoy, la Autoridad de Carreteras tiene que aportar $80 millones anuales para la operación del Tren Urbano. Esos son dineros que la agencia no tiene para tapar boquetes en las carreteras o construir nuevas vías públicas. Nadie duda que Puerto Rico necesita un sistema de transportación colectiva eficiente, pero, ¿a ese costo?, ¿no había una tecnología más barata?, ¿no podían construirse estaciones menos ostentosas?, ¿no había una ruta mejor que impactara más pasajeros? La crisis que tiene hoy la Autoridad de Carreteras, y que es una de las responsables principales de lo que acaba de suceder con el crédito de Puerto Rico, tiene su origen en ese proyecto de la administración Rosselló.

4. El Coliseo José Miguel Agrelot también costó mucho más de lo que se estimó. Poca gente recuerda que Rosselló comenzó a construirlo entre el Coliseo Roberto Clemente y el Hiram Bithorn, para luego descubrirse que ese no era un lugar adecuado. Millones de dólares quedaron enterrados en ese intento equivocado que se tuvieron que pagar luego. Y aunque el Choliseo es una de las instalaciones de ese tipo más exitosas en Puerto Rico, la realidad que poca gente conoce es que todavía hoy opera con déficits. Déficits que pagamos todos cuando cada año dinero público que debería estar disponible para obras y servicios se tiene que destinar para cubrirlos. Además, Rosselló tampoco buscó la fuente de recursos recurrentes para pagarlo. Y voy a compartir algo con ustedes que nadie sabe, o peor aún, los que saben, no te lo han informado: NUNCA SE HA PAGADO LO QUE COSTÓ CONSTRUIR EL CHOLISEO. Así como lo leen. Construirlo costó $250 millones, que al día de hoy, 14 años después de que Rosselló dejó la Fortaleza, está como una deuda sin fuente de pago en los libros del Banco de Fomento. El mismo banco que hoy está sin liquidez que nos costó la degradación a chatarra. ¡Así cualquiera construye obra!

5. El Centro de Convenciones costó más de $400 millones y también se hizo con líneas de crédito sin fuente de pago. Muchos se sorprenderán al saber que cuando llegué a La Fortaleza me topé con que había que hacer una emisión de bonos de $468 millones para pagar por la construcción del Centro de Convenciones. De manera que cuando se habla de forma superficial de la cantidad de dinero que cogí prestado cuando era gobernador, se olvida darle perspectiva a casos como éste, que explicaré detalladamente más adelante en otro escrito. Con el “sí se puede”, esta obra es de Rosselló, pero la deuda es de Aníbal.

El resultado de los ocho años de Pedro Rosselló fue que de un déficit presupuestario operacional de entre $50 y $100 millones que tenía el gobierno central en 1992, se elevó a más de $1,000 millones anuales cuando Rosselló salió de La Fortaleza. No dejó identificada ninguna fuente de pago para su deuda extraconstitucional, que superaba los $5,0000 millones, ni para esos proyectos que orgullosamente él y su gente se adjudican. Y ni hablar del efecto devastador de la eliminación de la sección 936 del Código de Rentas Internas federal, lo cual ocurrió -para los que se olvidan o deciden no mencionar- a solicitud de Pedro Rosselló. En 1995, antes de que se legislara la eliminación de la sección 936, había en Puerto Rico 159,000 empleos en manufactura. En el 2008, luego que fuera efectiva su eliminación total, Puerto Rico ya había perdido más de 50,000 de esos empleos.

Cuando Victoria nos dijo “no se puede”, nos dijo la verdad. Pero como a Casandra, no le creyeron. Hoy, algunas personas insistirán, demagógicamente, en que “sí se pudo, porque ahí está la obra”. Pero lo que no explicaron antes y no han explicado hasta el día de hoy, es que la crisis comenzó ese día de ese debate. Hemos preferido el “sí se puede” de las villas y castillos en vez de la sensatez de ajustarnos a nuestras realidades fiscales y hoy estamos pagamos las consecuencias. Si no entendemos cómo llegamos aquí, nos será muy difícil salir de donde estamos y cometeremos nuevamente los mismos errores.

Aníbal Acevedo Vilá es un político y abogado puertorriqueño quien sirvió como el noveno gobernador electo de Puerto Rico (2005-2009) por el Partido Popular Democrático. Es egresado de la Universidad de Harvard y de la Universidad de Puerto Rico. Sirvió también como Comisionado Residente en Washington (2011-2005) y como legislador en la Cámara de Representantes de Puerto Rico.

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