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Walmart Puerto Rico se aprovecha del mantengo corporativo

Por: Joel Cintrón Arbasetti

Walmart reclama que funciona mejor mientras más lejos esté del gobierno, pero a la hora de recibir dádivas e incentivos gubernamentales, su discurso cambia y una práctica distinta se revela.

20140220-cpi-textbox“Siempre pueden haber regulaciones pero debe ser que vengan del mismo sector privado y no de regulación gubernamental que limite la libre empresa”, dijo Iván Báez, portavoz de asuntos corporativos de Walmart Puerto Rico, en reacción a intentos legislativos de regular las ventas del madrugador.

Báez informó que Walmart solicitó una dispensa al Departamento de Hacienda para reducir su carga tributaria ante la propuesta Patente Nacional (Ley 40) por considerarla una “onerosa carga impositiva”; esto a pesar de que el valor de Walmart, a nivel mundial, asciende a $466 billones y su flujo de efectivo subió en 18.1% ($12.7 billones) en 2013, lo que les permitió repartir $13 billones de dólares entre sus accionistas en dividendos, cuotas y recompensas. “Los accionistas de Walmart gozan del mejor ingreso en actividad accionista y en dividendos este año más que en una década”, lee su informe financiero de 2013.

Con todo y su fortuna -Walmart es la segunda corporación más grande y el primer empleador privado en el mundo- y a pesar de su oposición a cualquier regulación gubernamental, la corporación ha pactado “contratos de delegación de fondos” con varias agencias estatales en Puerto Rico para recibir fondos federales, a los fines de pagar el adiestramiento y la mitad de la nómina de sus empleados y empleadas.

“Durante los pasados años hemos creado alianzas exitosas con agencias gubernamentales y municipales que nos han permitido impactar de forma positiva la generación de empleos en los municipios en donde operamos. Entendemos que mediante una alianza con el Consejo de Desarrollo Ocupacional y Recursos Humanos y los recursos que provee la Ley de Inversión en la Fuerza Trabajadora (WIA), podremos generar empleos de forma acelerada en el momento económico que más se necesita”, lee una de las propuestas de Walmart para solicitar fondos de la Ley WIA.

Mediante esas alianzas, el gobierno le dio a Walmart varios incentivos y exenciones contributivas municipales mientras la compañía debía miles de dólares al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) en varios pueblos de la Isla. La investigación del Centro de Periodismo reveló que la deuda total con el CRIM llegaba a $856,995.25 en el 2009.

La división legal de CRIM se negó a ofrecer datos actualizados sobre las deudas de Walmart, alegando que requiere de la autorización de la corporación para dar la información.

Ese mismo año, cuando recibió parte de los fondos WIA solicitados, Walmart adeudaba $947,126.83 del Impuesto de Venta y Uso (IVU) al Departamento de Hacienda, pero al tener un plan de pago pudo cualificar para recibir los fondos.

De hecho, comparado con al menos 17 ciudades, Puerto Rico es el territorio de Estados Unidos donde Walmart ha solicitado la mayor cantidad de fondos para adiestramiento y reclutamiento de personal en una sola tienda. La lista de ciudades estadounidenses que han subsidiado a la mega corporación fue preparada por la organización sin fines de lucro Good Jobs First.

Para esta organización, “el secreto detrás de la rápida expansión de Walmart en los Estados Unidos ha sido su extenso uso del dinero público. Esto incluye más de $1.2 mil millones en recortes de impuestos, otorgación de terrenos de forma gratuita, asistencia para infraestructura de bajo costo de financiamiento y donaciones directas de los gobiernos estatales y locales de todo el país. Además, los contribuyentes subvencionan indirectamente a la empresa mediante el pago de los costos de salud de los empleados de Walmart que no reciben cobertura en el trabajo y recurren a programas públicos como Medicaid”.

En Puerto Rico, donde lleva operando desde el 1992, tan solo entre el 2004 y el 2013 Walmart solicitó en total $12,191,418.49 entre fondos federales de la Ley WIA, fondos de la Ley de Recuperación y Reinversión (ARRA) y otras partidas del Departamento de la Familia y el Fondo Verde de la Autoridad de Energía Eléctrica. Los contratos disponibles en la Oficina de Contralor no incluyen, sin embargo, contratos de antes del 2003.

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Aunque informes de prensa indican que a Walmart se le ofrecieron varios incentivos a nivel municipal, Ricardo Soto López, oficial de prensa de la Compañía de Fomento Industrial aseguró que en la Oficina de Exención Contributiva no existe ningún decreto de exención contributiva para Walmart.

Los fondos otorgados a Walmart entre el 2004 y el 2013 fueron financiados mayormente con partidas federales del Título I de la Ley WIA. Esos fondos se otorgan a través de la Administración de Desarrollo Laboral (ADL) -antes llamada Consejo de Desarrollo Ocupacional y Recursos Humanos- unidad adscrita al Departamento del Trabajo designada para administrar los fondos federales que recibe el Gobierno de Puerto Rico.

En 2010, Walmart solicitó a ADL $2,425,472.63 para expandir sus operaciones con la apertura de dos unidades en el municipio de Barceloneta. Los fondos se usarían para “reclutar, adiestrar y retener en el empleo a 700 nuevos trabajadores en puestos regulares, por no menos de un año tras concluir su respectivo adiestramiento”, lee el contrato de delegación de fondos entre Walmart y ADL.

La firma de ese contrato fue uno de los motivos, entre otros, por los que el entonces director del Consejo de Desarrollo Ocupacional y Recursos Humanos, el economista Joaquín Villamil, renunció a su puesto.

“Mi oposición al donativo fue por pensar que era absurdo que Puerto Rico estuviera subsidiando a Walmart, que era totalmente innecesario porque no crearía un solo empleo sino que desplazaría a muchas empresas locales. Es un pésimo uso de los fondos, particularmente en el estado que está la economía y lo mal que lo están pasando las empresas locales. Con esas ayudas estamos contribuyendo a empeorar la situación de muchas empresas locales. No es en absoluto necesario”, declaró Villamil.

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) revisó las auditorías que ADL realizó a Walmart y encontró que de los $2,425,472.63 solicitados y aprobados, solo le fueron desembolsados $559,984.53, ya que Walmart no cumplió con el contrato. De 700 empleados que debía reclutar, Walmart solo reclutó alrededor de 106 personas. “Esto dejó afuera a alrededor de 594 participantes que se supone se contrataran”, explicó María Vázquez, directora de finanzas de ADL.

En 2010, Walmart firmó otro contrato delegación de fondos por $884,141.10 con el fin de contratar 340 personas y distribuirlas entre sus tiendas de Mayagüez, Humacao e Isabela. En esa ocasión Walmart recibió $117,360.89 porque contrató solamente a 74 personas y algunas de ellas se dieron de baja antes de cumplir el primer año en su puesto de trabajo. Para ADL, el incumplimiento de Walmart con los requisitos para recibir el total de los fondos solicitados representó un ahorro de $1,632,268.22 en fondos federales.

Vázquez sostuvo que ADL trata por igual a pequeños empresarios y a grandes corporaciones, y que no discriminan a la hora de otorgar fondos a los solicitantes que cualifiquen. La directora de finanzas, añadió que no es usual que las compañías que tienen contratos con ADL para recibir apoyo financiero incumplan con los requisitos para que le sea desembolsada en su totalidad la cantidad solicitada.

Por otra parte, Villamil opinó que el hecho de que Walmart se lleve fondos públicos y federales, siendo una mega-corporación multimillonaria, tiene que ver mucho con las estructuras políticas y el aparato de cabildeo.

Walmart tiene funcionarios que participan en entidades de influencia económica y política en el país. En 2009, el abogado José E. Arroyo Dávila, vicepresidente de la División Legal y de Asuntos Corporativo de Walmart, fue candidato para formar parte de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR). Desde 2011 el director de Asuntos Corporativo de Walmart, Iván Báez, es la vez miembro de la Junta Directiva de la CCPR, organización empresarial que cuenta con el Departamento de Asuntos Legales y Legislativos como su representante ante los cuerpos legislativos y entidades administrativas. Así la CCPR participa en visitas públicas y somete memoriales escritos sobre diversos proyectos de ley.

“Walmart los tiene tanto populares como del PNP (Partido Nuevo Progresista). Pero como te dije, no hay ninguna razón para ofrecerle incentivos, pues no crean riqueza y los empleos son de poca calidad”, añadió Villamil.

Los beneficios que alega Walmart

El gerente general Jaime Fernández ha asegurado que Walmart impacta positivamente a Puerto Rico con la exportación de productos locales, como la leche Indulac y otras 12 empresas puertorriqueñas que exportan sus productos a los Walmart de Estados Unidos. También indicó que Walmart compra productos a 320 agroempresarios locales, entre un 20 y un 25% de todas las frutas y vegetales que venden, y que la visión a largo plazo es aumentar ese por ciento a 50. Aseguró asimismo que invertirán entre $700 a $800 millones en los próximos 10 años con la apertura de nuevas tiendas, con lo que dice crearán unos 5,000 empleos.

Entonces, ¿podría concluirse que vale la pena otorgarles incentivos y fondos federales a cambio de todos los alegados beneficios?

A esta pregunta Villamil contesta: “Cada empleo que crean desplaza otros, pues la economía de Puerto Rico y el sector de ventas al detal es uno suma cero. En otras palabras, es una economía en que el aumento en mis ventas es porque se lo quité a otro”.

Villamil explicó que estas megas corporaciones, al igual que Walgreens, por ejemplo, lo que buscan es control de mercado, pues saben que la economía no crece y que sus ventas dependen de cuánto le pueden quitar a otros.

“Por supuesto tienen la inmensa ventaja de ser una entidad cuyas ventas en el 2012 fueron cuatro veces el Producto Bruto de Puerto Rico y tienen todo el dinero del mundo. Para darte un ejemplo, cuando compraron Supermercados Amigo, lo hicieron con el 2.0% del efectivo que tenían en ese momento. Podían haber comprado cash a todo Puerto Rico”, añadió Villamil.

¿Eliminar o limitar los incentivos que reciben, podría tener el efecto de que la empresa abandone el país?

“No lo creo. No reciben esos incentivos en otros lugares. Si deciden irse no creo que será desastroso, aunque sí podría crear unos problemas”, señaló Villamil.

Puerto Rico como centro de experimentación de Walmart

En el 2010, Puerto Rico pasó de ser considerado como departamento internacional a ser parte integral de Walmart Estados Unidos.

La apertura de Walmart en Puerto Rico en el 1992 fue el primer paso en la internacionalización de la que hoy es la tienda por departamento más poderosa del mundo, operando más de 10,000 unidades, de las cuales más de 5,000 se encuentran fuera de los Estados Unidos.

Su establecimiento en Puerto Rico, con la apertura de su primera tienda en el municipio de Fajardo, un local de más de 90 mil pies cuadrados, fue reseñado en la prensa como un “experimento internacional” que iniciaría una “guerra de precios” en el mercado local.

Pero Walmart ha contado desde siempre con aliados de poder en Puerto Rico, como la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), con quienes sostuvieron una reunión almuerzo en el Hotel Caribe Hilton el 4 de agosto de 1992, día de su apertura oficial en la Isla, donde ejecutivos presentaron la ponencia “Wal-Mart: Filosofía de operaciones y compromiso con Puerto Rico”.

Hasta ahora Walmart Puerto Rico opera 12 Supercenters; 8 Tiendas Walmart; 3 Centros de Distribución, 11 Sam’s Clubs y 31 Supermercados Amigos.

“La guerra de precios continúa y el gobierno no toma medidas”, dice en entrevista con el CPI Ignacio Veloz, quien presidía el Centro Unido de Detallistas (CUD) el año de la llegada de Walmart.

“Cuando en el 1992 llamé la atención al Gobierno sobre el destrozo económico que tendría Puerto Rico al venir Walmart al mercado, la historia nos ha dado la razón, ¿cuántos centros comerciales han cerrado?, y de los comercios tradicionales de los pueblos, el 80% ha desaparecido”, indicó.

“En el pueblo de Fajardo pasó, y está pasando en el casco urbano. Hay áreas comerciales vacías, hay hasta un centro comercial vacío completamente. El gobierno y los municipios solamente pensaron en los impuestos y las patentes resultando que más del 60% de los municipios están quebrados y el desempleo ha aumentado, ya que estas empresas tienen empleados a tiempo parcial, para así evitarse los beneficios del empleado a tiempo completo”, concluyó Veloz.

El Centro de Periodismo Investigativo es una entidad independiente sin fines de lucro que, distinto a los medios de comunicación tradicionales, no se debe a intereses comerciales o políticos sino que opera con donativos de instituciones y ciudadanos que comparten su visión de apoderamiento cívico y respetan su verticalidad.

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