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Chile lucha contra el lavado de dinero del narcotráfico

Las bandas de narcotráfico que lavan dinero en el país están bien asesoradas en el ámbito legal y contable, según el inspector Rodrigo Alfaro, miembro de la Brigada de Lavado de Activos de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

“Ellos disponen de recursos para pagar por servicios. Entonces el auditor o el abogado va y hace el servicio y ejecuta las maniobras. Claro, ahora si ellos saben o no que esto es lavado, depende de cada caso”, comentó Alfaro.

Entre enero y junio de este año hubo 770 reportes de operaciones financieras sospechosas en el sector privado, un aumento de 33.2% respecto del mismo período de 2012, según un reporte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), entidad pública dependiente del Ministerio de Hacienda.

De los 770 reportes, la UAF derivó al Ministerio Público (MP) 101 reportes para que decida si amerita o no una investigación judicial.

Las organizaciones delictivas intentan no llamar la atención y montan negocios en los cuales pagan impuestos para dar una imagen de normalidad, según Alfaro. Pero al analizar efectivamente la parte operacional, surgen datos ilógicos.

La principal estrategia para blanquear activos es el uso de testaferros y sociedades de fachada.

“Es importante levantar información documental y luego ir a terreno a ver si existe lo que dicen los papeles”, dijo. “Ahí te das cuenta que lo que está sustentando un papel no siempre es lo que es. Hay empresas exportadoras que dicen que trabajan y vas al lugar y no existe nada”.

En una investigación un sospechoso de lavado de dinero dijo vender hot-dogs para acreditar el dinero que poseía, pero al considerar las cifras era necesario vender 300 cada dos minutos para justificar sus ganancias.

La Ley 19.913 del año 2003 identifica como “delitos base o precedentes” de lavado de activos a aquellos cuyo producto – dinero o bienes – se busca ocultar o disimular, dado su origen ilícito.

Estos crímenes incluyen tráfico de armas, trata de personas, infracciones al mercado de valores, a la Ley General de Bancos, corrupción pública y financiamiento del terrorismo.

Desde 2007 se han emitido 67 sentencias y 89% de ellas tiene como delito base el narcotráfico, según el MP.

Entre 2007 y 2011 se decomisaron cerca de US$6 millones y 43 inmuebles a grupos o personas vinculadas al blanqueo de activos.

“El narcotráfico es y seguirá siendo por un buen tiempo la principal fuente de investigaciones y condena por lavado”, dijo Mauricio Fernández, director de la UAF.

Golpes

La estabilidad y el crecimiento estable de la economía chilena – sobre el 5.5% en los últimos dos años, según el Banco Central – es atractivo no sólo para los inversionistas, sino también para el crimen organizado.

Un ejemplo de esto es el caso contra la casa de cambios “Turismo Costa Brava” del empresario Mauricio Mazza, a quien se acusó en 2007 de haber blanqueado cerca de $280 millones de dólares provenientes del narcotráfico.

Parte del dinero era ingresado a Chile, donde era “lavado” para luego ser derivado a eventualmente a Colombia.

Actualmente se encuentra en libertad provisional y espera sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que podría condenarlo a entre cinco y 15 años de cárcel.

Mazza ya cumplió una pena de tres años en Estados Unidos, entre 2007 y 2010, tras ser detenido ingresando un maletín con $2.5 millones de dólares. Luego fue expulsado a Chile para enfrentar los procesos que tenía pendientes.

“Lavar platas sucias en Chile es rentable no tanto por el margen de utilidad que pueden obtener los lavadores, sino por la prueba de blancura que esos recursos podrían exhibir al ser transferidos desde Chile hacia mercados exigentes, como los de Estados Unidos, Japón o los países OCDE”, señaló recientemente la ex directora de la UAF, Tamara Agnic.

Por lo mismo, las instituciones privadas están colaborando en la lucha contra el lavado de dinero, agregó Alfaro.

“Antes los privados no ejecutaban ninguna acción que no tuviera impacto económico [en su sector]. Hoy están obligados a reaccionar ante un hecho que revista carácter de posible operación sospechosa, no es voluntario informar [a la UAF]”, dijo.

Las multas por no cumplir con la legislación oscilan entre los $35,000 dólares (si no se siguen las instrucciones que entrega la UAF en sus circulares) y los $220,000 dólares en el caso de infracciones más graves.

Entre estos organismos se cuentan bancos, casinos, corredores de propiedades, notarios, casas de cambio, hipódromos y administradoras de fondos de inversión, entre otros.

Los desafíos

A pesar de los avances, aún falta mucho por hacer, según Fernández, específicamente aumentar la capacidad de detección en un contexto donde cada vez es más fácil crear empresas en Chile.

En la actualidad se puede crear una empresa en apenas un día en Chile.

Entre enero y mayo se habían creado 30,620 nuevos negocios en el país, un 40% más en comparación a la misma fecha del año pasado.

También preocupa a las autoridades que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) puedan ser víctimas de lavadores de activos, ya que no tienen la obligación de informar transacciones sospechosas a la UAF.

El Ministerio de Justicia, organismo encargado de supervisarlas, cuenta con cinco funcionarios para controlar a las casi 1,000 ONG que operan en el país.

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