El representante, José Enrique “Quiquito” Meléndez y la aspirante a la Cámara por el Partido Nuevo Progresista (PNP), María Milagros Charbonier criticaron el que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) demandara al Gobierno de Puerto Rico alegando falta de acción contra las violaciones de derechos civiles en la Policía de Puerto Rico, mientras que al día de hoy, no se les ha escuchado condenando el trato desigual que reciben los puertorriqueños como ciudadanos americanos.
Ambos cuestionaron el que esta organización, que se mercadea como una que se esmera en defender y preservar los derechos y garantías de los ciudadanos, no haya denunciado, ni ha demandado al Gobierno federal por el discrimen en contra de los ciudadanos residentes de Puerto Rico, para que se les garanticen los mismos derechos y oportunidades que gozan los ciudadanos de los 50 estados.
“Nunca los hemos escuchado abogando por la plena igualdad ciudadana de los puertorriqueños; tampoco exigiendo para nosotros los derechos y oportunidades que tienen los otros ciudadanos americanos; ni abogando por los derechos de una minoría que no tiene el derecho a votar por el Presidente de la Nación, ni voto en el Congreso para poder recibir un trato justo en áreas como la salud, seguridad y economía”, dijo Meléndez.
Por su parte, Charbonier enfatizó el por que la ACLU no presenta un recurso en los tribunales para exigir que los ciudadanos americanos en la Isla puedan votar por un presidente que tiene la facultad de enviar a cualquier puertorriqueño a combatir en las guarras de la Nación.
Meléndez y Charbonier anunciaron que les extenderán una invitación a los representantes de la ACLU para que se reúnan con ellos y así discutir un plan de acción para que el Gobierno de los Estados Unidos atienda los reclamos de los puertorriqueños.
Con relación a los argumentos presentados por la organización en su demanda contra el Gobierno local, señalaron que por años nadie le quiso meter mano a los problemas en la Policía de Puerto Rico.
“El gobernador Fortuño no esperó por los Federales, tomó medidas y ordenó una Reforma abarcadora en la Policía, con el propósito primordial de garantizar las mejores prácticas policíacas y asegurar la protección de derechos civiles de nuestra población”, dijo Charbonier.
Ambos líderes estadistas enumeraron varias medidas que se tomaron de forma inmediata en la Policía, entre ellas la revisión de todos los protocolos, procedimientos y políticas de la Policía.
Mencionaron que se crearon nuevas guías adecuadas para el uso de la fuerza, un plan agresivo de adiestramiento para todos los miembros de la Policía y se elaboró una Orden General para el uso de la fuerza, que se confeccionó precisamente con la ayuda del propio Departamento de Justicia Federal.
Destacaron la creación de una Zona de Excelencia en la que se entrena a personal de la Policía de Puerto Rico sobre la reforma, para que sirvan de instructores en las demás regiones. “Este proyecto es el primero y único de su clase en toda la Nación”, dijo Charbonier.
También se tomaron todas las medidas necesarias para establecer procesos efectivos y expeditos de investigación y resolución de querellas contra los miembros de la Policía y se crearon comités por primera vez a nivel regional y a nivel de superintendencia que integran a grupos comunitarios que representan a personas deambulantes, usuarios de drogas, LGBTT, y extranjeras, entre otras.
Además, añadieron, la Policía ahora tiene más de 50 iniciativas encaminadas a asegurar la protección de los derechos civiles en Puerto Rico.
“La Policía de Puerto Rico no es la misma que teníamos hace dos años y medio, hasta el propio sistema criminal de justicia federal así lo reconoce. Actualmente, unos 300 efectivos de la Policía de Puerto Rico están “federally deputized” (convertidos en Marshalls) y laboran intensamente con el Departamento de Justicia Federal en más de 10 Task Forces Federales”, concluyó Meléndez.
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