Pide a Justicia se procese criminalmente a Roger Iglesias

El representante del Partido Popular Democrático (PPD), Charlie Hernández, reclamó al Secretario de Justicia que inicie inmediatamente el procesamiento criminal contra el Senador Roger Iglesias por violaciones a la Ley para Reglamentar las Profesiones de Ingeniería, Agrimensura y Arquitectura (Ley 173 de 12 de agosto de 1988).

El representante popular, Charlie Hernández, reclamó al Secretario de Justicia que inicie inmediatamente el procesamiento criminal contra el Senador Roger Iglesias.

Recientemente, el Secretario de Justicia concluyó que cuando existe un contrato entre una entidad gubernamental y una corporación que provea servicios de ingeniería, ésta tiene que estar compuesta por accionistas que posean licencia para practica la ingeniería en Puerto Rico. Sin embargo, ni el Senador Iglesias, ni los restantes accionistas de su corporación están autorizados a practicar la ingeniería.

“El artículo 35 de la Ley que reglamenta la profesión de ingeniería es claro al declarar que será un delito grave el practicar la profesión de la ingeniería sin estar debidamente autorizado para ello. La ley vigente impone una posible multa de hasta $10,000 dólares o pena de reclusión de hasta seis meses de cárcel” advirtió Hernández.

“El Secretario de Justicia no tiene la potestad de exonerar a un ciudadano cuando comete delitos como el configurado en este caso. Por el contrario, tiene la obligación constitucional de radicar los recursos criminales contra cualquier ciudadano que cometa delitos. Por ello, le reclamo acción inmediata para hacer cumplir la ley vigente. Evadir esa responsabilidad para relevar al Senador Iglesias y consentirle sus delitos debería resultar en la destitución inmediata del Lcdo. Guillermo Somoza del cargo de Secretario de Justicia” indicó Hernández.

La Administración Fortuño ha reconocido que otras 23 compañías están en la misma situación que la empresa del senador Iglesias, incluyendo las corporaciones del Sr. José Rivera Díaz (padre del Presidente Senatorial) y el Sr. Ivar Pietri (contribuyente económico a las campañas del gobernador).

“El Director de la Administración para el Financiamiento de la Infraestructura debe revelar inmediatamente los nombre de dichas empresas para procesar también a los otros violadores de la ley y reclamarles la devolución del dinero devengado ilegalmente. Es jurídicamente insostenible la teoría planteada por la Administración Fortuño para no reclamarles la devolución del dinero; pero no basta con eso, también hay que procesarlos. Lo contrario sería encubrir una ilegalidad en detrimento del interés público”, señaló Hernández.

“Le corresponde al Gobernador Fortuño garantizar que los miembros de su gabinete cumplan su función constitucional, independientemente de si los posibles acusados son miembros, colaboradores o legisladores del partido en el poder político. El Secretario que no desee hacer cumplir la ley, debe ser relevado de sus funciones. Lo contrario sería predicar un gobierno de ley o orden pero sostener un esquema de impunidad criminal para los amigos”, concluyó Hernández.