Senado aprueba protección del Corredor Ecológico del Noreste

El Senado aprobó hoy de forma unánime un Proyecto de ley que protege los terrenos que componen el Corredor Ecológico del Noreste (CEN). Puerto Rico cuenta solamente con un 8% de su territorio terrestre dedicado a la preservación y conservación.

Personas a favor de la protección del CEN se mostraron satisfechas cuando el Senado aprobó el Proyecto del Senado 2282.

Asimismo, el Alto Cuerpo dio paso a una Resolución para investigar la posibilidad de crear en los Tribunales de Justicia, salas especializadas en asuntos laborales.

A pesar de su gran valor natural, el CEN ha estado amenazado por la propuesta construcción de varios proyectos residenciales-turísticos y el desparrame urbano experimentado durante las últimas décadas en la zona costanera y en la región noreste de la Isla.

Con la aprobación del Proyecto del Senado 2282, de la autoría de las senadoras Lornna Soto Villanueva, Luz Mariita Santiago González y los senadores Lawrence Seilhamer Rodríguez y Roger Iglesias Suárez, se declara y designa como reserva natural todo terreno público y patrimonial perteneciente o administrado por cualquier agencia, corporación pública o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en el área del Corredor Ecológico del Noreste, localizado en la costa de los municipios de Luquillo y Fajardo, y para establecer como política pública la preservación, restauración y conservación de dicha reserva.

Una de sus principales propulsoras, la senadora Soto Villanueva, expresó que “la presente administración gubernamental tiene la obligación de fomentar bosques y reservas donde domine el entorno natural y se conserven los ecosistemas auténticos de nuestra Isla, y aumentar la cantidad de terrenos a conservarse por su valor ecológico en por lo menos un 25%, como compromisos programáticos de su gestión gubernamental”.

Numerosos mecanismos administrativos y legales han sido gestionados, promovidos o establecidos por el Estado para conservar el CEN, sin embargo, ninguno ha podido lograr su conservación o protección efectiva. En más de 30 años de esfuerzos, se han designado tan solo 110 cuerdas del CEN como reserva natural como parte de la Reserva Natural de Seven Seas, establecida mediante la Ley Núm. 228 del 12 de agosto de 1999.

La Exposición de Motivos de la medida expresa que la falta de protección de una extensión mayor de terrenos pone en precario los servicios ecológicos asociados a la provisión y calidad de agua potable, la calidad del aire, poblaciones de flora y fauna silvestre y hábitats saludables, seguridad ciudadana, suelos productivos, reservas genéticas, oportunidades recreacionales y turísticas, y refugio espiritual, todos indispensables para garantizar el desarrollo sostenible de Puerto Rico.

El CEN consiste de aproximadamente 3,057 cuerdas ubicadas en la costa de los municipios de Luquillo y Fajardo. Cerca de 2,931 cuerdas son terrenos firmes y anegados, y 126 cuerdas corresponden a cuerpos de aguas superficiales. El CEN está integrado principalmente por las fincas San Miguel I y II, Las Paulinas, El Convento Norte y Sur, y Seven Seas. Un 65.9% del área del Corredor corresponde a terrenos públicos y patrimoniales pertenecientes a diversas dependencias gubernamentales. Esta área incluye propiedades públicas y privadas clasificadas como bosques estatales, bosques federales nacionales, refugios de vida silvestre, reservas naturales, áreas naturales protegidas, servidumbres de conservación, y terrenos adquiridos o manejados por el gobierno estatal, federal y organizaciones conservacionistas no gubernamentales.

El Corredor se distingue por contener la mayoría de los tipos generales de humedales costeros clasificados en Puerto Rico. Algunos de éstos, como los manglares, han permitido la expresión de fenómenos naturales de espectacular belleza, como es el caso de la bioluminiscencia producida en la Laguna Aguas Prietas. Los ecosistemas presentes en el CEN albergan una gran riqueza biológica. En esta área habitan más de 860 especies de flora y fauna identificadas, incluyendo sobre 50 especies raras, endémicas, vulnerables o en peligro de extinción. La existencia de éstas y otras especies en el CEN está íntimamente relacionada con la diversidad e integridad de los ecosistemas presentes en esta zona.

Este Proyecto prohíbe que los terrenos públicos y patrimoniales designados como reserva natural en el CEN puedan transferirse. Agencias estatales y federales endosaron la medida.

Asimismo, el Senado aprobó la Resolución del Senado 2339, presentado por la senadora Luz Arce Ferrer, que ordena a las Comisiones de lo Jurídico Civil y de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos, investigar y evaluar la viabilidad de que los Tribunales de Justicia tengan salas especializadas en asuntos laborales para la tramitación rápida de los asuntos legales que se generan en ese sector.

Arce Ferrer expresó que “en los Tribunales de Primera Instancia se radican un gran número de casos laborales. La gran mayoría por despido injustificado. Es de conocimiento general que los Tribunales tienen los calendarios ocupados con muchos meses de anticipación y los Jueces que ven los casos laborales son también jueces que ven otros tipos de casos civiles. Como resultado, los casos laborales tardan mucho más tiempo en verse ya que compiten en posición con otros casos de naturaleza civil. Es una exigencia de ley que los Tribunales puedan ofrecer un servicio ágil y rápido en la solución de controversias”.

La Cámara Alta confirmó los siguientes nombramientos

Marisol Flores Cortés como procuradora de Asuntos de Menores, Dalia E Vergé como miembro de la Junta Dental Examinadora, Luz N. Aquino Núñez como miembro de la Junta Examinadora de Consejeros Profesionales, Rafael Fernández Filiberti como miembro de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica y Rafael Colón Marrero como miembro de la Junta Examinadora de Naturópatas de Puerto Rico.

El Senado aprobó las siguientes medidas

El Proyecto de la Cámara 3624, enmienda “Ley de la Policía de Puerto Rico”, para ordenar al Superintendente de la Policía de Puerto Rico a establecer una plataforma electrónica de datos sobre artículos reportados como hurtados mediante querellas oficiales suscritas en Puerto Rico, el cual deberá estar conectado con todo concesionario en Puerto Rico al que se le haya expedido una licencia para operar una casa de empeño con el propósito de prevenir la venta y subsecuente tráfico de mercancía hurtada en dichos establecimientos. Además, enmienda la “Ley para Regular el Negocio y las Operaciones en las Casas de Empeño”, para disponer la obligatoriedad de los concesionarios de notificar a la Policía de Puerto Rico el recibo de mercancía presuntamente hurtada

El Proyecto de la Cámara 3564, requiere a todo asegurador y organizaciones de servicios de salud organizados conforme al “Código de Seguros de Puerto Rico”, planes de seguros que brinden servicios en Puerto Rico y cualquier otra entidad contratada para ofrecer beneficios de salud en Puerto Rico, así como a la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, y a cualquier entidad contratada para ofrecer servicios de salud o de seguros de salud en Puerto Rico, a través de la “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”, a que establezca igualdad de cobertura entre los medicamentos orales en contra del cáncer y los medicamentos intravenosos o inyectables en contra del cáncer bajo los planes de beneficios de salud.

La Resolución del Senado 2253, radicado por la senadora Migdalia Padilla Alvelo, ordena a la Comisión de Gobierno, a realizar una investigación exhaustiva para conocer las razones por las cuales la Administración de Servicios Generales no ha recogido los vehículos inservibles que se encuentran en las agencias de gobierno, especialmente en los establecimientos que ubican en los diferentes cuarteles de la Policía de Puerto Rico, según lo dispone el Artículo 18 de la Ley Núm. 164 de 23 de julio de 1974.

La Resolución del Senado 2280, de la autoría de la senadora Melinda Romero Donnelly, ordena a la Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor, y Corporaciones Públicas, realizar investigación en torno a los procedimientos utilizados por la Asociación de Suscripción Conjunta (ASC) para atender y manejar las reclamaciones de accidentes como parte de los beneficios del Seguro de Responsabilidad Obligatorio (SRO), con especial atención sobre los procesos ordinarios que tienen lugar en los centros de reclamación, el servicio al cliente, las operaciones en general.

La Resolución del Senado 2281, presentado por Romero Donnelly, ordena a la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico, a llevar a cabo una investigación exhaustiva, completa y minuciosa en torno a las medidas de seguridad y regulaciones aplicables a las actividades de excursiones que tienen lugar en la Bahía de La Parguera en Lajas, la Bahía Mosquito en Vieques y la Bahía Laguna Grande en la Reserva Natural Cabezas en Fajardo, evaluar los posibles efectos adversos a la bioluminiscencia de las mismas, así como de los manglares del sector.

La Resolución del Senado 2412, de la autoría de Soto Villanueva a las Comisiones de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas y de Comercio y Cooperativismo a que realicen una investigación sobre la implantación por las instituciones financieras u otras entidades que componen la industria financiera de las disposiciones de la enmienda Durbin (“Durbin Amendment”) a la Ley Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Pub. L. No. 111-203, del Congreso de los Estados Unidos de América, las cuales entraron en vigor el pasado 4 de octubre de 2011, incluyendo las medidas que se hayan tomado por dichas instituciones para la implantación inmediata de dicha legislación.

La Resolución del Senado 2640, de la autoría de Soto Villanueva, ordena la Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas a realizar una investigación y estudio sobre la consideración para su establecimiento o implantación por los negocios, comercios, entidades comerciales o instituciones financieras o bancaria del sistema conocido como “face recognition” en sus facilidades, oficinas, negocios o sucursales en Puerto Rico, a los fines de evitar que mediante el uso de dicha técnica o sistema se afecten adversamente o se violenten derechos civiles básicos o constitucionales de los ciudadanos o consumidores.

La Cámara Alta recibió el siguiente informe

El primer informe parcial de la Resolución del Senado 1031, de la autoría del senador Carmelo Ríos Santiago, ordena a las Comisiones de Desarrollo Económico y Planificación y de Gobierno a realizar una investigación sobre la documentación requerida y la contratación con industrias foráneas para operar en la producción de eventos de transmisión mediática de deportes y actividades en las que el gobierno de Puerto Rico tenga inherencia.

El Senado recesó sus trabajos a las 6:26 p.m. y acordó reanudar los mismo mañana martes, 24 de abril del 2012 a la 3:30 a.m.