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Establecen medidas de control en programa de Comunidades Especiales

Al tiempo que evalúa posibles acciones administrativas aplicables al Sr. Federico Del Monte Garrido, ex secretario auxiliar de planificación del Departamento de la Vivienda (DV), quien enfrenta cargos por fraude millonario al Programa de Comunidades Especiales durante pasadas administraciones, el actual Secretario de dicha agencia, Miguel Hernández Vivoni, anunció que se han tomado medidas de control y seguridad en el mencionado Programa.

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El Secretario de la Vivienda, Miguel Hernández Vivoni, reaccionó a la radicación de cargos contra los dos funcionarios que defraudaron al Programa de Comunidades Especiales durante la Administración de la ex secretaria del DV, Ileana Echegoyen.

De igual forma, Hernández Vivoni está dirigiendo esfuerzos para adquirir viviendas para reubicar a múltiples familias que se quedaron en el limbo tras habérseles demolido sus viviendas sin siquiera tener dónde reubicarlas, durante la pasada administración.

Así lo informó el propio Secretario del DV, al reaccionar a la radicación de cargos contra los dos funcionarios que defraudaron al Programa de Comunidades Especiales durante la Administración de la ex secretaria del DV, Ileana Echegoyen.

“Ciertamente, es lamentable el desastre que tuvo lugar en el Programa de Comunidades Especiales, y que se refleja hoy en la radicación de cargos contra funcionarios de la pasada administración. Sin embargo, aparte de cooperar con las autoridades de ley que investigan este tipo de delitos cometidos en el Programa, nosotros tenemos una responsabilidad enorme de no solo resolver los entuertos de la pasada administración, que dejaron en el limbo a muchísimas familias humildes de todo Puerto Rico, sino de establecer los controles para que situaciones como estas no se repitan,” sostuvo Hernández Vivoni.

Según explicó, el DV está trabajando incansablemente para adquirirles viviendas a unos 56 participantes del Programa, cuyas viviendas fueron demolidas y los proyectos a los que serían asignados, fueron cancelados. Ya se han logrado adquirir viviendas para otros 22 participantes.

“Por otra parte, hemos tomado medidas de controles y seguridad con los expedientes del Programa de Comunidades Especiales y tomamos el primer paso que consistió en declarar el Programa en sindicatura. Ubicamos los documentos sensitivos en áreas restringidas, con acceso electrónico y cámaras de seguridad las 24 horas, los 7 días de la semana, además de que solo tres funcionarios de la agencia tienen autorización para entrar a dicha área,” explicó el Secretario de la Vivienda.

Este añadió que “nuestra administración ha sido sumamente responsable, tomando las medidas que tenga que tomar, mientras cooperamos con las autoridades y reafirmamos nuestra política de cero tolerancia a la corrupción. Sin embargo, tenemos que decir que estamos sumamente indignados con los constantes casos que siguen destapándose de personas que se aprovecharon de la falta de controles y del desmadre administrativo en el Programa de Comunidades Especiales durante las pasadas administraciones, para cometer fraudes, en ocasiones multimillonarios.”

Hernández Vivoni se refirió a que el caso de hoy se une a varios anteriores, incluyendo el Elizabeth Cruz Gutiérrez, empleada de la oficina regional del DV en Carolina durante la pasada administración, que hace solo 3 semanas también fue acusada por utilizar su posición para favorecer a un sobrino, cometiendo fraude y serias violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.

“Es lamentable, pero todo parece indicar que fue un patrón desgraciado, de funcionarios de la pasada administración, que se aprovecharon de la falta de controles y sistemas de seguridad en el Programa de Comunidades Especiales, para apropiarse de fondos públicos y favorecer a terceros, entre otros aparentes delitos,” finalizó diciendo el Secretario de la Vivienda, Lcdo. Miguel B. Hernández Vivoni.

Según ha sido reseñado por los medios de comunicación, un ex contratista y dos funcionarios del Departamento de la Vivienda enfrentan cargos por un fraude que pudo haber ascendido a $6.7 millones proveniente del Programa de Comunidades Especiales. Estos delitos fueron cometidos durante la administración de la ex secretaria del DV, Ileana Echegoyen, tanto bajo el gobierno de Sila Calderón como de Aníbal Acevedo Vilá.

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